Trámite en el extranjero
Ecuador presentó una demanda contra la empresa Progen en Estados Unidos, así lo anunció el presidente Daniel Noboa. El recurso fue interpuesto por CELEC en el Distrito Medio de Florida y apunta a la firma estadounidense por incumplimientos en la instalación de generadores eléctricos en Salitral y Quevedo.
La demanda señala también al presidente de Progen, Andrew Williamson, Genertek Power Corp y otras compañías. "Cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país", dijo el presidente Noboa y, a través de sus redes sociales compartió un extracto de la querella que señala un presunto fraude y enriquecimiento ilícito.
La polémica con Progen data desde el año pasado, cuando fue contratada por CELEC para la incorporación de 150 megavatios de generación, algo que finalmente no se concretó pese a un desembolso superior a USD 100 millones por parte del Estado ecuatoriano.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la demanda contra Progen en Estados Unidos se fundamentó en la Ley RICO, diseñada para el procesamiento de delitos como soborno, extorsión y fraude, aplicada usualmente para mafias, pandillas y corporaciones.
Estos mismos contratos fueron observados anteriormente por la Contraloría, la cual determinó un perjuicio de cerca de USD 100 millones. Entre los hallazgos, se identificó que los motores de generación adquiridos no fueron nuevos, ni fueron comprados directamente al fabricante como exigía el contrato.
Un proceso que se extenderá a Estados Unidos
Una de las claves del curso que tomará la demanda contra Progen en Estados Unidos, según el abogado penalista, Julio César Cueva, será la decisión que tome el juez federal. Explicó que, al hablar de la Ley RICO, existen acciones que pueden tratarse solamente en el Estado federal, y existe la posibilidad de que el magistrado se niegue a conocer el caso por no ser su jurisdicción.
Otra de las particularidades, de acuerdo con Cueva, es que la normativa requiere continuidad en las acciones. Es decir, que la conducta fraudulenta de Progen y alegada por el Gobierno ecuatoriano sea repetitiva y constante para configurarse su aplicación.
"La pregunta es: ¿Por qué se escogió la jurisdicción norteamericana y por qué la ecuatoriana no era la viable?", cuestionó.
Cueva destacó que, esta acción impulsada por el Estado ecuatoriano en Estados Unidos es de naturaleza civil y busca una reparación, a diferencia del proceso por presunta estafa iniciado en territorio nacional que no busca una recuperación de los valores en perjuicio a la administración pública, elevados a USD 100 millones.
El abogado precisó que, la justicia estadounidense no gestiona trámites con la celeridad que se espera. Recordó que, el caso de Carlos Pólit por lavado de activos de sobornos en Estados Unidos data de una investigación de hace cinco años, por lo que una resolución en un futuro inmediato no sería posible.
Además, consideró que el Estado ecuatoriano debería conservar y periciar los equipos estipulados en los contratos con Progen para demostrar incumplimientos en los procesos entre CELEC y la firma norteamericana.
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