Pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura, las bases de las diferentes comunidades de la provincia ratificaron que las movilizaciones continúan. Cerca de las 20:00, decenas de ciudadanos se concentraron en el centro de Otavalo y en otras partes de Imbabura, para reiterar las demandas al Gobierno, como la derogatoria del Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel.
La alcaldesa de Otavalo, Anabela Hermosa, aclaró los puntos acordados en el diálogo con el Gobierno la tarde de ayer, y adelantó que se esperan las propuestas que se planteen desde el Ejecutivo.
"Nadie dijo que se ha acabado el paro (...) el día lunes tienen que traer las propuestas", indicó.
Uno de los acuerdos establecidos en el primer acercamiento fue la liberación de los 43 detenidos en el marco de los enfrentamientos con la Fuerza Pública que ocurrieron el pasado 14 de octubre en Otavalo. Horas después de la reunión entre el Gobierno y líderes indígenas, Luis Yépez, abogado del Pueblo Kichwa de Otavalo, confirmó que todas las personas fueron liberadas.
Los 12 detenidos de Otavalo en el marco de las primeras semanas de la protesta fueron trasladados desde la cárcel de El Rodeo en Manabí, hacia el centro penitenciario de Imbabura. Allí cumplirán la medida de prisión preventiva dictada en su contra, mientras avanza la instrucción fiscal.
Un acuerdo "ilegítimo"
Como "ilegítimo", así calificó Yaku Pérez, dirigente indígena y excandidato presidencial, al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y líderes de las comunidades de Imbabura. A su criterio, la presencia de la Fuerza Pública en un escenario en el que no estuvo presente el Presidente de la República apunta a cierta "presión" sobre los pueblos y nacionalidades para fijar un consenso.
Otro de los puntos cuestionables, según Pérez, es la ausencia de un documento en físico que estipule los puntos acordados en el diálogo. Consideró que podría hablarse de legitimidad siempre y cuando exista un oficio en firme y con la presencia de garantes como la Iglesia Católica. Agregó que, las mesas técnicas que se instalarán este lunes 20 de octubre tendrán legitimidad únicamente bajo las condiciones ya mencionadas.
"Documentos firmados no se han cumplido, peor si no los hay (...) el acuerdo nació mal y terminará mal. Es inejecutable", dijo.
Para Pérez, es importante remontarse a las causas principales del paro. Una de las más importantes, dijo, es la histórica deuda social del Estado ecuatoriano con el movimiento indígena y otros grupos sociales. Sobre esta base, cuestionó la eliminación del subsidio al diésel, especialmente, por ser una medida que contravino la palabra del presidente Daniel Noboa, quien en campaña negó que esta decisión esté contemplada en su plan de Gobierno.
Sobre esta base y con estos antecedentes, señaló, el movimiento indígena espera una "muestra" por parte del Gobierno que genere confianza, y así permita entablar un diálogo legítimo.
"Hago votos y me sumo con un grito por la paz, pero para conseguir paz, necesitamos justicia", enfatizó.
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