El reto del Gobierno será mantener vivo a 'Fito'; la inteligencia debe consolidarse para detectar falencias en el sistema, apuntan expertos
Extraditar a alias 'Fito' a Estados Unidos permitirá conocer cómo operaba el cabecilla criminal de 'Los Choneros', su infiltración en el Estado, la creación de empresas fantasma y los cómplices con los que contaba dentro de las propias Fuerzas del Orden para perpetuar sus actividades ilícitas, señaló el experto en seguridad, Jean Paul Pinto.
Este panorama, según el experto, favorecería a 'Fito', debido a la reducción de su condena que, en la justicia estadounidense, suele ser más elevada en comparación a la legislación ecuatoriana.
"El gran desafío del gobierno es mantener vivo a Fito", dijo.
Lorena Piedra, también experta en seguridad, calificó como "contundente" al mensaje que se refleja tras la captura del criminal más buscado de los últimos años: un golpe a la narcocultura. Ahora, precisó, el reto será consolidar sus capacidades, incomunicar al cabecilla y profesionalizar su inteligencia para determinar vulnerabilidades en el sistema.
A esto, señaló, debe sumarse el retorno de las Fuerzas Armadas a labores de investigación y contrainteligencia, y dejar de lado las funciones similares a las de la Policía, debido a que podría dar espacio a cometer errores, como la cooptación por parte de grupos armados.
Falencias en inteligencia y leyes cuestionables
Según el Gobierno, las recientemente aprobadas leyes de Solidaridad Nacional e Inteligencia, aportaron en la captura de alias 'Fito'. Esto, debido a que, según el ministro del Interior, John Reimberg, no se requirió de una autorización judicial para ingresar en la vivienda ubicada en Montecristi, donde se refugiaba Macías Villamar.
No obstante, estas declaraciones, según Jean Paul Pinto, no son del todo ciertas. Enfatizó en que la única herramienta utilizada para dar con el paradero de 'Fito' fue el profesionalismo de la inteligencia militar que, una vez obtenidos los resultados, no fue manejada de la mejor manera por parte de las autoridades.
El Ministro Reimberg reveló que una de las figuras clave en la ubicación del líder de 'Los Choneros' fue el propietario de la vivienda donde residía 'Fito', y precisó que este habría ejercido funciones durante 13 años en la Agencia de Tránsito de Manta. Para Pinto, las declaraciones del Ministro son desatinadas en el sentido en el que no se debe revelar las fuentes de inteligencia. A este hecho, lo calificó como una "imprudencia por ingenuidad".
Por otro lado, cuestionó que, desde el Gobierno, se apropie la narrativa de la Ley de Inteligencia cuando la normativa no fue elaborada por ADN, sino que fue propuesta en el 2018, y a pesar de aquello, sigue levantando algunas alertas.
Para Lorena Piedra, tanto el Centro Estratégico de Inteligencia (CIES) como la extinta SENAIN, no estuvieron a la altura de las necesidades de inteligencia y contrainteligencia del país. Enfatizó en que, debe existir una profesionalización de este ramo de la seguridad, y restringir el ingreso de personal vinculado a organizaciones políticas. Por ello, dijo, la Ley de Inteligencia aprobada la semana pasada, repetiría un capítulo de la historia y daría paso a que el CIES regrese a ser una "policía política".
"La nueva ley de inteligencia deja la puerta abierta para repetir la historia de la partidización y politización de la inteligencia civil en el país", indicó.
Piedra insistió en que, otro de los principales retos será depurar el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), al mismo tiempo que el Estado deberá reducir el hacinamiento en los centros carcelarios.
Además, hizo un llamado a las autoridades a dejar de lado la narrativa de una "falsa dicotomía" que, dijo, se centra en dos puntos: que mientras más democracia existe, los derechos para delincuentes son mayores; y que mientras más autoritarismo se percibe, el país tendrá más seguridad.
Finalmente, Pinto consideró que, la nueva Ley de Solidaridad Nacional, que permite la ejecución de allanamientos, busca "dejar de lado" a la justicia, similar al proyecto salvadoreño de Nayib Bukele. Esto, al considerar que, para la realización de intervenciones de este tipo, se requiere una orden judicial.
"Si seguimos el modelo salvadoreño, tenemos que dejar la democracia atrás", advirtió.
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