"Encerrados para morir"; subregistro de fallecimientos y ocultamiento de información agudiza la crisis penitenciaria
Así lo revela una investigación de la periodista Karol Noroña, titulada "Encerrados para morir".
"El hambre y la enfermedad se cobraron más vidas que la violencia entre internos durante los peores años de las masacres, cuando cientos de personas fueron brutalmente asesinadas con armas de guerra", indica el reportaje.
"El incremento coincide con la llegada de los militares a las prisiones, dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa, y hay quienes aseguran que esta tragedia responde más a una decisión deliberada que a la incapacidad estatal", añade.
En NotiMundo al Día, Noroña detalló que, de las aproximadamente 1.220 muertes registradas en 2025, casi la mitad (566) fueron categorizadas como "muertes naturales".
La periodista señaló que el Ministerio de Salud ha reconocido solamente 61 fallecimientos por tuberculosis (11% de las "muertes naturales"), porque esto se puede certificar si existía una prueba previa.
"El SNAI no ha explicado a qué enfermedades se debe el otro 89% del total de estas muertes", cuestionó.
Por ello, explicó la periodista, en la investigación se accedió a una base de datos forense, de al menos 394 personas privadas de la libertad, para analizar sus causas de muerte, registradas entre enero y septiembre de 2025 en la Penitenciaría del Litoral.
"64 de esas personas habían muerto con tuberculosis diagnosticada y otras 245 tenían cuadros y conclusiones forenses iguales: infarto al corazón, insuficiencia respiratoria y cuadros de desnutrición severa", reveló.
A esto se suma que más de 400 muertes (del total de 1.220) han sido categorizadas como "no determinadas". A partir de 2024, fue cuando se dispararon los decesos de este tipo. "En cada 4 de 10 fallecimientos, el Estado no determinó las causas", apuntó.
Lo grave es que existe un subregistro que no dimensiona la realidad de los decesos, lamentó la periodista. Además, rige la política de ocultamiento de la información y de "indolencia deliberada" hacia las familias de los presos, acotó.
"Esta investigación no pretende defender delitos, pero bajo un Estado de derecho la sentencia de muerte no existe, mucho menos perpetrada por el Estado ecuatoriano", puntualizó.
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