Evaluaciones semestrales a servidores públicos buscan "medir y exigir" la eficiencia administrativa, afirma la ministra, Ivonne Núñez
Este 26 de junio, entró en vigencia la Ley de Integridad Pública en la que se contempla una evaluación al desempeño de funcionarios públicos, en base a indicadores de eficiencia, resultados institucionales y el servicio prestado a usuarios internos o externos. La normativa plantea que la evaluación se realice de manera semestral, en comparación a la legislación que establecía un monitoreo anual.
De acuerdo con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la institución cuenta con 45 días para emitir los lineamientos técnicos y legales para que las entidades del sector público apliquen la evaluación dispuesta en la ley recientemente aprobada. Núñez precisó que, esta medida no es nueva en el país, sino que desde el Ministerio se realizaron evaluaciones con funcionarios de la propia entidad en su desempeño del año pasado.
"Esto servirá para medir y exigir eficiencia administrativa", dijo.
En la línea de eficiencia laboral, la Ministra adelantó que su objetivo es contar con 300 inspectores de trabajo, en lugar de los 182 que ejercen actualmente sus funciones. Además, destacó varios puntos de su gestión, entre ellos, el acuerdo ministerial que dispone a un empleador el registro del acta de finiquito en un plazo de 30 días, y el pago inmediato al trabajo desvinculado por diversas causales.
La lucha contra la "burocracia dorada"
La denominada "burocracia dorada" es un problema que ha permanecido enquistado en empresas públicas y que, según la ministra Ivonne Núñez, es una lucha constante desde el inicio de su administración. Recordó que, tras su intervención en causas con CNEL, CELEC y Petroecuador, se ahorraron USD 400 millones al Estado. Una de ellas, la de la Corporación Nacional de Electricidad, donde se obligó a alrededor de 1.800 trabajadores a devolver beneficios que bordeaban los USD 79 millones por concepto de un contrato colectivo.
Sobre este tema, el Ministerio, dijo Núñez, se encuentra en mesas técnicas para devolver las capacidades laborales a los funcionarios, de acuerdo con el régimen que les corresponde.
Esta semana, Petroecuador desvinculó 70 trabajadores que presentaban distorsiones salariales superiores al 100%, con respecto al valor de sus cargos. La estatal señaló que, en alguno de los casos, las remuneraciones mensuales superaron incluso las de gerentes y subgerentes de la empresa.
Esta acción, según Petroecuador, significa un ahorro de USD 1.71 millones al año y no afectará las operaciones estratégicas de la empresa. Esto, debido a que las funciones de los servidores desvinculados serán cubiertas por personal con perfiles similares.
Sobre este caso, Núñez sugirió que sea el órgano administrativo de Petroecuador el que revise el valor que se denomina remuneración variable, una figura que podría disfrazarse de utilidades, cuando en el sector público este rubro no debe pagarse. Esta acción, frente a las irregularidades que se reportan en el sector público y que son enfrentadas por el Ministerio del Trabajo.
"Lo estamos logrando, y lo estamos haciendo en un 90%. La mejor prueba es que se siguen firmando, de manera ordenada, contratos colectivos en el sector público, más que en el sector privado", sostuvo.
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