Carrera por la Fiscalía

Gladys Terán plantea Observatorio de Víctimas y cubrir vacantes para destrabar la Fiscalía

La Comisión Ciudadana de Selección, encargada de evaluar a los 75 aspirantes inscritos en el concurso público para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, asumirá la revisión de postulaciones y el desarrollo de todas las etapas del proceso hasta la elección definitiva.

4 Marzo de 2026
Con un total de 75 aspirantes, concluyó la etapa de inscripción para el concurso de Fiscal General del Estado.
Con un total de 75 aspirantes, concluyó la etapa de inscripción para el concurso de Fiscal General del Estado. Foto: El Universo

En NotiMundo Estelar, Gladys Terán, aspirante al cargo, destacó que el número de participantes marca un hito frente a los 40 o 45 registrados en convocatorias anteriores. A su criterio, esta cifra evidencia una renovada confianza del gremio jurídico tanto en el mecanismo de elección como en la institucionalidad del sistema de justicia.

Señaló que la transparencia estará respaldada por los propios concursantes, quienes podrán vigilar la calificación de sus méritos y ejercer su derecho a impugnar si detectan inconsistencias. Además, consideró clave el rol de las veedurías ciudadanas y de los colegios de abogados para alertar sobre eventuales irregularidades y exigir rectificaciones inmediatas.

La jurista advirtió que el Ministerio Público enfrenta serias debilidades en materia investigativa debido a limitaciones presupuestarias que impiden una capacitación continua y equitativa del personal, más allá de ciertos grupos especializados. También sostuvo que debe eliminarse cualquier tipo de injerencia, interna o externa, para asegurar autonomía técnica en las decisiones.

Indicó que la única presión legítima hacia quien dirija la institución debe provenir de la ciudadanía y de las víctimas, siempre con apego estricto a la ley. En esa línea, afirmó que la justicia comienza con la denuncia, por lo que la entidad no puede limitarse a receptar trámites, sino consolidarse como un órgano de investigación científica y profesional.

Propuso la creación de un observatorio de víctimas que brinde acompañamiento y protección antes, durante y después del proceso judicial, con el fin de fortalecer la confianza y fomentar más denuncias. Asimismo, subrayó la urgencia de agilizar el despacho de escritos, ya que demoras injustificadas superiores a tres días suelen generar sospechas de prácticas indebidas.

Respecto al Consejo de la Judicatura, cuestionó la concentración de atribuciones que, según afirmó, se utiliza para presionar a operadores judiciales mediante procesos administrativos, afectando la independencia. De llegar al cargo, anticipó que su primera medida sería exigir la convocatoria inmediata a concursos para cubrir vacantes generadas por jubilaciones o destituciones, pues con personal insuficiente resulta inviable reducir el represamiento de 1,8 millones de causas.

Finalmente, resaltó sus 33 años de trayectoria profesional, que incluyen funciones como agente fiscal tras participar en cuatro concursos, jueza de Tribunal Penal y magistrada de la Corte Nacional de Justicia, además de su experiencia en el libre ejercicio. Haber estado "a ambos lados del escritorio", dijo, le permite comprender las dificultades y el trato inadecuado que en ocasiones enfrentan abogados y víctimas dentro del sistema.

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