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Independencia judicial en Ecuador en riesgo, advierten organismos internacionales

En el marco de la convocatoria a una consulta popular para una Asamblea Constituyente anunciada por el Gobierno, organismos internacionales alertaron sobre presiones ejercidas por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional, advirtiendo que estas acciones podrían poner en riesgo la independencia judicial en el país.

En NotiMundo Estelar, Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), advirtió sobre las presiones del Gobierno de Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, las cuales podrían comprometer su independencia.

Indacochea explicó que diversas organizaciones internacionales han seguido de cerca la situación judicial en Ecuador y han identificado un incremento de ataques del Ejecutivo contra la Corte. Esto ha generado un clima de preocupación que afecta la confianza ciudadana, la justicia y el Estado de derecho.

Si bien reconoció que el Ejecutivo rectificó su postura inicial al convocar a la Corte para analizar la propuesta de Asamblea Constituyente, señaló que la aceptación selectiva de decisiones judiciales sigue siendo un riesgo.

"Este cambio es positivo, pero la negativa a acatar futuros fallos podría agravar las tensiones y debilitar la independencia judicial", puntualizó.

La directora también manifestó inquietud frente a la narrativa pública que proyecta al tribunal como un obstáculo a la voluntad popular. Esto socava la legitimidad del sistema judicial y distorsiona la percepción pública de la justicia en Ecuador.

En cuanto al poder constituyente, Indacochea subrayó que corresponde a la Corte definir los requisitos para la convocatoria de procesos constituyentes y recordó que es indispensable respetar los procedimientos constitucionales para garantizar que la voluntad popular se exprese de manera legítima.

Asimismo, advirtió que las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte tienen repercusiones más allá de Ecuador, ya que la estabilidad democrática del país es un asunto de interés regional. Incluso señaló que, en casos extremos, la comunidad internacional podría considerar la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Por otro lado, llamó a respetar la protesta pacífica, diferenciándola de los hechos de violencia, y enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos sin importar su posición frente al Gobierno.

Finalmente, destacó que la Corte Constitucional es garante de los derechos y libertades en Ecuador, por lo que cualquier conflicto en torno a ella debe ser vigilado por la comunidad internacional, dado que su independencia es esencial para el sostenimiento de la democracia.

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