Informe paralelo de la Comisión Cívica detecta irregularidades en evaluación de méritos del concurso para Fiscal
El análisis evidencia discrepancias entre las notas oficiales emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los puntajes obtenidos en la evaluación independiente realizada por la comisión, situación que pone en duda la coherencia y solidez del proceso de selección.
En entrevista con NotiMundo a la Carta, Marcelo Espinel, subdirector de FCD y vocero de la comisión del concurso para fiscal, afirmó que el proceso de selección carece de transparencia y ha estado marcado por la opacidad y el incumplimiento del reglamento.
Según explicó, el control social no tuvo acceso completo a la documentación de los postulantes, lo que ha debilitado la confianza ciudadana y ha alimentado sospechas sobre posibles intereses políticos, económicos e incluso criminales en la designación.
Espinel también cuestionó la participación de ciertos aspirantes, señalando que, aunque no existan prohibiciones legales, resulta cuestionable desde una perspectiva ética que el actual fiscal en funciones o un exministro de Gobierno postulen al cargo, debido a sus vínculos políticos y al riesgo de influencia institucional.
Además, indicó que al menos cinco de los 27 postulantes que avanzaron a la fase de méritos no habrían cumplido requisitos formales, como la correcta presentación de la declaración de intereses. A esto se suman inconsistencias en la calificación de méritos, destacando el caso de Carlos Alarcón, a quien el CPCCS asignó 46,5 puntos, mientras que la evaluación paralela le otorgó 40, sin que exista una explicación clara para esa diferencia.
Otro de los puntos críticos, según Espinel, es la falta de publicación de los informes individualizados de calificación por parte del CPCCS, lo que impide a los postulantes solicitar recalificaciones y limita la rendición de cuentas de las autoridades a cargo del proceso, entre ellas Andrés Fantoni y Cynthia Jachón.
Evaluación del Primer Año de la Asamblea Nacional
En otro tema, Espinel se refirió a la evaluación del primer año de gestión de la Asamblea Nacional, señalando que el Legislativo mantiene una deuda en materia de fiscalización y transparencia. Cuestionó que la presidencia, en referencia a Niel Olsen, registra uno de los niveles más bajos de cumplimiento de agenda legislativa en la última década, con apenas un 19% de ejecución.
Asimismo, afirmó que la fiscalización se ha vuelto selectiva e ineficaz. De siete pedidos de juicio político, solo dos concluyeron en censura, mientras que casos sensibles como ATM o Progen no han tenido el tratamiento esperado.
También advirtió que un 20% de las solicitudes de información dirigidas a ministerios no reciben respuesta, lo que evidencia, según dijo, una baja presión institucional desde el Legislativo. A esto se suma la existencia de una "mayoría móvil", conformada por legisladores independientes y exintegrantes de Pachakutik, que estaría funcionando como un respaldo político que evita el avance de investigaciones profundas contra el gobierno de Daniel Noboa.
Finalmente, Espinel advirtió que tanto el sistema de justicia como el Legislativo muestran señales de debilitamiento institucional, por lo que consideró necesario que la ciudadanía mantenga una vigilancia activa frente a posibles casos de opacidad y favoritismos políticos.
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