Informe sobre patrimonios injustificados de alcaldes y prefectos detecta incrementos de USD 100.000 a USD 3 millones durante la gestión pública
El proceso de fiscalización parlamentaria tuvo su punto de partida en un trabajo de investigación periodística difundido el 17 de junio de 2026, el cual alertó inicialmente sobre 79 autoridades locales cuyos patrimonios registraban crecimientos exponenciales o incompatibles con sus ingresos declarados. Tras esa alerta, el 23 de junio el pleno del Legislativo aprobó un cambio en el orden del día para encomendar la indagación formal a la Comisión de Gobiernos Autónomos.
En Notimundo Estelar, el asambleísta independiente por la provincia del Carchi y presidente de la referida mesa legislativa, Cristian Benavides, desvirtuó las observaciones que cuestionaban la competencia de la Asamblea para investigar a las autoridades territoriales.
El legislador explicó que, si bien el juez natural para la censura política de alcaldes y prefectos recae en los concejos municipales y provinciales respectivamente, el artículo 120, numeral 9, en concordancia con el artículo 225, numeral 2, de la Constitución de la República, faculta expresamente a la Función Legislativa a fiscalizar la actuación de todos los servidores públicos en general.
La semaforización del patrimonio: alertas rojas, naranjas y verdes
El informe final abarcó la evaluación de 251 autoridades locales, cifra que comprende a alcaldes, a los 23 prefectos del país y a seis autoridades subrogantes. Para ordenar los hallazgos, la comisión estructuró un sistema de semaforización sustentado en la información provista por la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado:
- Semáforo rojo (41 autoridades): Agrupa a los casos más críticos, donde la autoridad registra de forma simultánea investigaciones previas en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, incoherencias tributarias ante el SRI, procesos abiertos en la Judicatura e informes con indicios de responsabilidad penal aprobados por la Contraloría.
- Semáforo naranja (54 autoridades): Corresponde a expedientes con múltiples alertas cruzadas, como investigaciones penales y juicios en trámite, aunque sin contar necesariamente con un informe penal definitivo de la Contraloría.
- Semáforo verde (90 autoridades): Identifica a funcionarios que presentan inconsistencias puntuales que requieren revisión o cuya variación patrimonial puede responder a parámetros de ahorro estricto o ingresos justificados, como actividades empresariales previas o herencias familiares.
El balance del informe arrojó que aproximadamente la mitad de los prefectos del país se ubican en las categorías de alerta roja y naranja, evidenciando un problema extendido en los niveles superiores de los gobiernos autónomos descentralizados. Entre los casos analizados se detectaron saltos patrimoniales donde funcionarios pasaron de declarar USD 100.000 al inicio de su gestión a registrar patrimonios de USD 2 a USD 3 millones.
Reserva de nombres y el debido proceso
Con el propósito de evitar interferencias en el entorno electoral y proteger la honra y la presunción de inocencia de las personas investigadas, la comisión acordó anonimizar las identidades en el documento público, utilizando códigos alfanuméricos para remitir los expedientes directamente a las autoridades competentes. De este modo, la totalidad de los expedientes clasificados en semáforo rojo y naranja fueron trasladados a la Fiscalía para la apertura o profundización de las investigaciones penales correspondientes, así como a la Contraloría para la ejecución de sus auditorías anuales.
En ese sentido, Benavides advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema político local frente al financiamiento delictivo. El parlamentario citó testimonios sobre la injerencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que inyectan recursos en campañas electorales locales —con montos que alcanzan hasta un USD 1 millón — para posteriormente exigir la adjudicación de contratos de obra pública sin anticipo presupuestario.
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