Ivonne Núñez cuestiona una "interpretación política y subjetiva" de la Corte Constitucional en declaratoria de error inexcusable
La concesión de una acción de protección para beneficiar a una empresa privada en perjuicio del Estado derivó en la declaratoria de error inexcusable cometido por la exministra de Trabajo y jueza laboral, Ivonne Núñez. Los jueces determinaron que Núñez incurrió en una infracción gravísima al otorgar el recurso a una de las partes, cuando el proceso no estuvo relacionado a una vulneración de derechos sino a una disputa económica. Esta actuación habría "desnaturalizado" el propósito de la acción de protección.
El conflicto apunta a dos actores: la empresa Halcotransa que presentó, en 2021, una acción de protección en contra de Correa del Ecuador. La firma privada reclamó el pago de USD 500 mil por retrasos en facturas de un convenio de alianza estratégica con la estatal de correos, afectando a más de 30 trabajadores. Y fue la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con el voto de Núñez y el juez Francisco Morales Garcés, aceptó parcialmente la acción, ordenando pagos e incluso disculpas públicas de la empresa estatal.
De acuerdo con Núñez, la Corte Constitucional violentó el debido proceso, e incurrió en competencias que, por naturaleza, no tiene. Cuestionó que, tres años atrás, el propio Tribunal de Admisión no haya notificado una posible determinación de error inexcusable.
Además, aclaró que la acción de protección interpuesta y resuelta por su análisis fue desistida del lado de las partes y, pese a esto, la Corte decidió no aceptar el desistimiento.
"Han cometido sendos errores en la búsqueda de desacreditar a una exministra del presidente Daniel Noboa", dijo.
En medio, estuvo también vigente un acuerdo de pago entre la empresa Halcotransa y Correos del Ecuador, algo que, ante su incumplimiento derivó en la apertura de una investigación en la Fiscalía. Sin embargo, al cancelarse dichos valores, la Fiscalía archivó la causa. Pese a esto, denunció Núñez, el pedido de la Corte fue la reapertura del caso. Algo que, a su criterio, ocurre únicamente cuando un juez tiene dudas acerca de un dictamen abstentivo.
"Está ingresando en competencias, en las cuales, el Pleno de la Corte Constitucional no tiene facultades", sostuvo.
Otro de los cuestionamientos, según Núñez, es la falta de explicación acerca del perjuicio al Estado. Recordó que el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso un pago aproximado de USD 700 mil y, las partes, llegaron a un acuerdo de pago de USD 300 mil, lo que, señaló, representaría una conciliación de pago del Estado con quienes tiene rubros pendientes.
"No temo ser destituida. Me preocupa la conducta de la Corte Constitucional. No se puede actuar con una interpretación política, subjetiva y con un estilo particular contra Ivonne Núñez", enfatizó.
El caso pasará ahora a manos del Consejo de la Judicatura, el cual decidirá la apertura de un proceso administrativo que determine sanciones en contra de Núñez.
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