Juez dicta prisión preventiva para Aquiles Alvarez y sus dos hermanos por el caso Goleada
En una audiencia telemática de tres horas realizada la tarde y noche de este lunes 6 de julio de 2026, el juez Jairo García revocó las medidas alternativas y dictó prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio Alvarez y Xavier Alvarez Henriques.
La medida se dictó dentro del proceso penal conocido como "Caso Goleada", en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada y operaciones de lavado de activos vinculadas al desvío de combustibles.
Durante la reinstalación de la audiencia, el magistrado de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ratificó la incautación de la residencia familiar del alcalde ubicada en la urbanización Blue Bay (Samborondón), donde habitan sus hijos.
El juez negó el pedido de revocatoria de la medida interpuesto por la madre del alcalde, representante de la empresa propietaria del inmueble.
En febrero de 2026, un juez de la Unidad Penal dictó prisión preventiva para los hermanos Alvarez por presunto lavado de activos. Pero el 2 de abril de 2026, un tribunal aceptó el recurso de apelación de sus defensas, sustituyendo la prisión por medidas alternativas como presentaciones y prohibición de salida del país.
Nuevos elementos financieros y el mecanismo de cambiazo
La decisión judicial de endurecer las medidas cautelares personales responde a la aparición de "hechos nuevos" durante la instrucción fiscal, según el juzgador. La Fiscalía General del Estado argumentó que estos elementos modifican sustancialmente el riesgo procesal y de obstaculización de la justicia.
Entre las principales pruebas presentadas por el fiscal del caso constan pericias especializadas de lavado de activos, análisis societarios de la Superintendencia de Compañías y el testimonio anticipado clave de José Ricardo Cevallos Avellán.
Cevallos describió el funcionamiento de un esquema interno denominado "el cambiazo", consistente en solicitar combustible diésel subsidiado bajo el cupo del segmento naviero nacional para posteriormente desviarlo presuntamente de forma ilegal al segmento naviero internacional, aprovechando el diferencial de precios.
Asimismo, las investigaciones financieras revelaron un patrón reiterado de movilización patrimonial entre compañías controladas por el grupo económico de los hermanos Alvarez mediante compensaciones de crédito cruzadas y aumentos de capital de cientos de miles de dólares entre 2021 y 2023
A esto se sumó la detección de transferencias de recursos de las cuentas de estas empresas hacia cuentas personales de Antonio Alvarez, quien posteriormente canalizó más de USD 2 millones al fideicomiso del club de fútbol Barcelona Sporting Club.
Transferencias de acciones bajo sospecha
Otro de los detonantes para ordenar la prisión preventiva fue la constatación, mediante peritajes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía de una reorganización societaria masiva en julio de 2024.
Apenas pocos días después de que se hiciera pública la denuncia estatal por comercialización ilegal de combustibles (Caso Triple A), los hermanos Alvarez transfirieron sus paquetes accionarios de la empresa Ternape Petroleum a terceros.
De acuerdo con el peritaje financiero, no existió transaccionalidad económica o flujo bancario real que respaldara el pago de dicha adquisición de acciones, lo que el juez calificó como un indicador objetivo de riesgo de alteración o manipulación de documentación clave y obstaculización del proceso judicial.
Además de los tres hermanos Alvarez también se les cambió las medidas alternativas y se les dictó prisión preventiva a otros dos procesados en el caso: Fernando Peñaherrera Venegas y Cesar Bravo Ibañez.
Se mantiene la incautación de casa y vehículos
En el ámbito de las medidas cautelares, el juez García rechazó de forma íntegra los pedidos para levantar las incautaciones de bienes.
Sobre la residencia en Blue Bay (Isla Mocolí, Samborondón), la defensa de Gioconda Henriques (madre del alcalde y accionista de Inmobiliaria Fiorema S.A., dueña del inmueble de un avalúo de USD 397.919) solicitó revocar la incautación alegando que allí residen tres menores de edad (hijos del alcalde de 3, 5 y 7 años) y un adulto mayor con 42% de discapacidad visual.
El juez determinó que la situación de vulnerabilidad familiar no constituye una "circunstancia nueva o sobrevenida". El magistrado concluyó que la incautación es idónea, necesaria y proporcional para salvaguardar el interés público y asegurar una eventual reparación integral. Por pedido de la defensa se concedió un plazo de 15 días para desocupar el inmueble.
Los hermanos Alvarez solicitaron liberar de la incautación siete vehículos de alta gama, argumentando que habían sido vendidos en 2024 a Fiorema S.A. y a un tercero antes de que se dicte la medida judicial. El juez desestimó el pedido al verificar que en el registro oficial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) los automotores continúan a nombre de los procesados.
La única medida real revocada por el tribunal fue la inmovilización de una cuenta de ahorros perteneciente a Gastón Loy Correa, luego de comprobarse documentalmente -y con la no oposición de la Fiscalía- que dicha cuenta se destina exclusivamente al cobro de sus remuneraciones.
Con la instrucción fiscal oficialmente concluida el pasado 29 de junio de 2026, el proceso avanza a la convocatoria de la audiencia preparatoria de juicio, donde la Fiscalía presentará formalmente su dictamen acusatorio o abstentivo contra las 17 personas naturales y nueve empresas procesadas.