Julio César Cueva calificó de "vergonzoso e ilegal" la destitución de los tres jueces que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Alvarez
La decisión del Consejo de la Judicatura de destituir de manera definitiva al tribunal que revocó la prisión preventiva en el denominado Caso Goleada generó cuestionamientos sobre la gestión administrativa y la independencia en la función judicial. La medida sancionó a los tres magistrados que dieron paso a la sustitución de la medida cautelar en favor de los hermanos del alcalde de Guayaquil, permitiéndoles recuperar la libertad, mientras que la máxima autoridad municipal permaneció privada de la libertad al pesar en su contra una orden dictada dentro de otro proceso penal.
Irregularidades en el trámite y debate sobre competencias administrativas
El procedimiento aplicado por el órgano de control no constaba originalmente en el orden del día formal de la sesión, sino que fue tratado dentro del apartado de "puntos varios". En NotiMundo Estelar, Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, sostuvo que esta modalidad buscó opacar el debate público sobre una sanción que resulta desmedida y contraria al marco legal.
El fundamento utilizado para la destitución se basó en la figura del "error inexcusable" por una presunta extralimitación del tribunal al analizar la revocatoria de la medida cautelar. Sin embargo, Cueva recuerda que el Consejo de la Judicatura posee atribuciones estrictamente administrativas y carece de competencia para evaluar decisiones de índole jurisdiccional adoptadas por los jueces.
Asimismo, resaltó que una declaratoria previa de error inexcusable no deriva de forma obligatoria en la expulsión de la carrera judicial, habiéndose registrado antecedentes procesales en los que el organismo sancionador aplicó únicamente suspensiones temporales de 15 días u optó por archivar los expedientes disciplinarios.
Aplazamiento de la diligencia
De forma paralela a la remoción de los jueces, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del Caso Goleada fue declarada fallida en su primer intento. La suspensión respondió a la inasistencia de uno de los defensores técnicos que representaba a personas jurídicas procesadas, quien se encontraba fuera del país por un compromiso académico asumido con meses de anticipación.
La defensa argumentó que la convocatoria judicial fue notificada de manera precipitada al cierre del viernes para llevarse a cabo el día martes, imposibilitando reestructurar las agendas en una causa que abarca a más de 17 procesados y unos 15 abogados.
El escenario político en Guayaquil
Pese al avance de las investigaciones penales y a la imposición de las medidas cautelares, la situación institucional de la Alcaldía de Guayaquil se mantiene legalmente estable. Salvo que se llegue a dictar una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada en alguno de los procesos en curso, la autoridad municipal conservará su cargo y sus derechos políticos hasta la finalización de su mandato constitucional el 24 de mayo de 2027.
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