La Cámara de Minería pide abrir espacios de diálogo con el Gobierno para esclarecer detalles de la tasa de fiscalización
El Gobierno reabrirá el catastro minero en tres fases, de manera progresiva, a partir del 16 de junio. Frente a esto, la Cámara de Minería resaltó esta decisión, y consideró que esta medida será fundamental para atraer inversiones y fomentar la gobernanza de los recursos naturales del país.
Por otro lado, solicitó a las autoridades la implementación de espacios de diálogo para conocer el alcance de la tasa de fiscalización al sector, anunciada por la nueva vocera presidencial. La Cámara advirtió que, de no aplicarse los criterios necesarios en esta medida, el Ecuador podría perder competitividad en dicha actividad económica.
"Es una voz firme diciendo: en Ecuador queremos minería, pero buena minería. No a cualquier costo, ni cualquier persona. La lucha contra la extracción ilegal debe ser de todos los frentes", así reaccionó Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, ante la decisión adoptada desde el Ejecutivo.
Actualmente, oro y cobre son los minerales que residen en el subsuelo del país, algo que, según Orozco, debe plantear la pregunta a la ciudadanía sobre qué estructuras se busca que exploten dichos recursos: las legales o las ilícitas. Recordó que, una vez que una empresa legalizada ingresa a un territorio, llega acompañada de estándares nacionales, internacionales, ambientales y sociales. A esto, dijo, se suman las condiciones de empleo digno, así como el acompañamiento y regulación del Estado en todo momento.
En el caso de la reapertura del catastro minero, explicó, se trata de habilitar la concesión o delegar espacios a empresas para aprovechar los recursos del subsuelo. Algo que, señaló, ayudará a controlar los denominados "espacios libres", donde existe un potencial geológico para ser explorado y no debería ser ocupado por estructuras ilícitas.
Por ello, consideró que si bien la iniciativa del Gobierno busca reducir el campo de maniobra de las organizaciones criminales, esta no sería la única vía para atacar dichas estructuras. Agregó que, al ser esta únicamente una "herramienta" para lograr este cometido, serán necesarias la presencia de las Fuerzas del Orden en espacios de exploración, la información acerca de la trazabilidad del oro explotado y una estrategia integral para enfrentar al crimen organizado.
La denominada "tasa de fiscalización"
Otra de las medidas que busca implementar el Gobierno es una tasa de fiscalización para el sector minero, algo que, según Orozco, aún no ha sido esclarecido por las autoridades. Por ello, desde el gremio, se solicitó un espacio de diálogo para conocer la fórmula que sostiene dicha tarifa que se aplicará para la pequeña, mediana y gran minería.
Orozco recordó que, casi el 80% de las empresas mineras están en proceso de exploración, por lo que aún no se perciben ingresos por concepto de sus actividades, mientras que el porcentaje restante sí representa a firmas en producción. Esta, dijo, es la incógnita que deberá ser resuelta desde el Gobierno.
"El sector privado siempre está abierto para colaborar y apoyar. Estamos buscando el diálogo", finalizó.
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