Violencia criminal

La expansión del crimen pone en duda la efectividad de las medidas de emergencia, según Patricio Haro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres cantones del país debido al incremento de la violencia criminal. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423 y tendrá una vigencia de 30 días.

En NotiMundo a la Carta, el experto en seguridad Patricio Haro explicó que un estado de excepción no configura por sí solo un escenario de conflicto, sino que constituye una herramienta complementaria para enfrentarlo. En ese sentido, sostuvo que la verdadera efectividad de la medida debe evaluarse a partir de resultados concretos, como una reducción significativa de muertes violentas, robos, secuestros y extorsiones.

Según Haro, si estos indicadores no disminuyen de manera sostenida, existe el riesgo de que la ciudadanía se acostumbre a vivir permanentemente bajo medidas excepcionales sin percibir mejoras reales en su seguridad.

El especialista subrayó además que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno real, caracterizado por la presencia de organizaciones criminales altamente armadas, estructuradas y dirigidas, que se enfrentan entre sí o contra las fuerzas del Estado.

En este contexto, cuestionó las fallas de inteligencia y coordinación institucional evidenciadas tras el asesinato de un presunto cabecilla criminal en el aeropuerto de Guayaquil. El hecho, perpetrado por dos menores de edad vinculados al sicariato, reveló deficiencias en los sistemas de control y seguimiento. Para Haro, resulta preocupante que un objetivo considerado de alto valor haya logrado movilizarse y superar filtros de seguridad y migración sin ser detectado.

Asimismo, enfatizó que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino del Estado en su conjunto. Por ello, insistió en que todas las funciones e instituciones deben trabajar de manera coordinada para enfrentar una amenaza de carácter internacional que, a su criterio, persistirá durante un largo período.

Respecto a la ampliación de la protección legal para militares, policías y civiles que participen en operativos de seguridad, Haro advirtió que existe un alto riesgo si las actuaciones no se ajustan estrictamente al Derecho Internacional Humanitario y a los Convenios de Ginebra.

Finalmente, expresó su preocupación por la inclusión de civiles dentro de esta protección legal, pues consideró que, sin una vigilancia rigurosa por parte de la sociedad civil y de los organismos de control, podrían producirse abusos, vulneraciones de derechos humanos o incluso ejecuciones extrajudiciales.

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