Presupuesto GAD

Ley de GADs entra en vigencia: "La nueva ley representa un retroceso en autonomía y descentralización", alerta Leonardo Orlando

La Ley Reformatoria al COOTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados entró en vigencia este lunes, tras su publicación en el Registro Oficial, estableciendo nuevas reglas para el manejo presupuestario de los GAD.

En NotiMundo Estelar, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, señaló que la normativa representa un retroceso en materia de autonomía y descentralización, al imponer restricciones sin considerar mecanismos de incentivos vinculados al desempeño institucional.

El prefecto expresó su preocupación por la exclusión de ciertos rubros dentro del cálculo de inversión, como los gastos de personal que ejecuta obras directamente y los convenios de cogestión con juntas parroquiales, fundaciones de salud y organizaciones sociales, los cuales dejarían de contabilizarse como inversión bajo la nueva regla fiscal.

Además, cuestionó la aplicación de la ley sobre presupuestos ya estructurados, advirtiendo que los planes para 2026 fueron elaborados con base en las disposiciones vigentes hasta 2025, por lo que modificar las condiciones actuales complica la planificación financiera de los territorios.

En el caso de Manabí, Orlando indicó que la provincia mantenía un nivel de inversión cercano al 80% bajo el esquema anterior, y que con la nueva normativa este indicador se reduciría aproximadamente al 77%, manteniéndose aún por encima del mínimo progresivo establecido del 65% para este año. No obstante, enfatizó que no se dejará de atender a grupos prioritarios como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, pese a los cambios en la clasificación presupuestaria.

El prefecto también cuestionó el incumplimiento de las transferencias económicas por parte del Estado, señalando que desde 2020 los GAD han recibido bonos en lugar de recursos en efectivo, lo que afecta la previsibilidad y ejecución de proyectos.

Finalmente, advirtió que no existió un adecuado debate técnico en la Asamblea Nacional del Ecuador debido al trámite urgente de la ley, y anunció que se evalúan acciones colectivas junto al Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, sin descartar demandas de inconstitucionalidad. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Economía para abrir un espacio de diálogo antes de su aplicación total en junio.

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