Ley de Integridad Pública suma nueva demanda de inconstitucionalidad
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) presentó una demanda de inconstitucionalidad este 23 de julio de 2025, contra una disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio y que ya cuenta con reglamento.
El recurso legal cuestiona el artículo transitorio que establece que algunas cooperativas deberán convertirse en bancos privados, previa evaluación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Esta junta aún no se ha conformado, pero cuando lo haga, tendrá tres meses para determinar qué cooperativas deben cambiar su figura legal.
El abogado André Benavides, representante de Asofipse, señaló que el plazo para enviar la terna de miembros para la Junta vence el 26 o 27 de julio, por lo que las primeras resoluciones se conocerían recién en diciembre. Además, el gremio ha solicitado una medida cautelar para suspender temporalmente esta disposición.
Asofipse aclaró que no se opone al contenido completo de la ley, sino únicamente a la norma que, según afirma, desnaturaliza el modelo cooperativo, al pasar de una estructura basada en la participación de personas a una regida por el capital.
Por su parte, Juan Pablo Guerra, director ejecutivo del gremio, cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante los pedidos de diálogo y reiteró que no hay claridad sobre los criterios, requisitos ni sanciones para las entidades afectadas.
Guerra indicó que, desde la publicación de la ley, se ha fortalecido la unidad del sector y sus bases. "No podemos permitir que se imponga un modelo financiero contrario a los principios cooperativos. No se trata solo de estructura legal, sino de defender la democracia participativa, el desarrollo local y la inclusión financiera", afirmó.
En su argumento jurídico, la demanda sostiene que la disposición transitoria viola artículos clave de la Constitución ecuatoriana, como los artículos 308, 309, 311 y 321, que garantizan la existencia, autonomía y protección del sistema financiero popular y solidario como forma legítima de organización económica y social.