Minería ilegal en Napo agrava la violencia y pone en riesgo la salud de las comunidades
En entrevista con NotiMundo Estelar, el activista ambiental Leonardo Cerda advirtió que el problema va más allá de la degradación del entorno natural, ya que también está relacionado con el aumento de la violencia y el deterioro del tejido social en las zonas afectadas.
El ambientalista informó que, entre 2018 y 2022, más de 4.000 hectáreas han sido perjudicadas por estas actividades, periodo en el que se entregaron 142 nuevas concesiones mineras. Según Cerda, un informe de la Contraloría General del Estado reveló que 43 de las 82 concesiones artesanales no estaban registradas adecuadamente, lo que evidencia un grave incumplimiento de las normativas ambientales y sociales.
El activista denunció que muchas concesiones fueron entregadas sin procesos de consulta previa y sin respetar los requisitos legales, lo que ha permitido que algunos concesionarios operen al margen de la ley. Además, señaló que estos actores han colaborado con actividades ilegales, alquilando terrenos de forma clandestina.
Actualmente, indicó Cerda, existen 28 puntos de explotación ilegal en operación dentro de la provincia, funcionando de manera continua. Explicó que, a pesar de que en mayo de este año se redujo el número de concesiones formales, las actividades irregulares no solo persistieron, sino que se intensificaron, lo que pone en evidencia la ineficiencia del Estado para contener esta problemática.
También mencionó una reciente sentencia judicial que ordena al Estado reparar los daños causados por la minería ilegal. Sin embargo, aseguró que no se han ejecutado acciones concretas para cumplir con este fallo. Incluso denunció la complicidad de autoridades locales, ya que la presencia de maquinaria pesada en los territorios afectados es evidente, sin que se actúe al respecto.
Asimismo, indicó que, según estudios realizados por universidades de la zona, el agua destinada al consumo humano está contaminada en un 500% por encima del límite permitido, lo que agrava la crisis ambiental y pone en riesgo la salud pública y la seguridad de los recursos hídricos.
Finalmente, Cerda exhortó al Estado a suspender de inmediato todas las actividades mineras ilegales y exigió la realización de operativos de control y desalojo en las áreas afectadas, con el fin de restablecer el orden y proteger a las comunidades vulnerables.
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