Sectores estratégicos
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley para el fortalecimiento del sector energético y minero excluyendo únicamente el artículo 29, sobre la distribución de recursos vinculados al superávit de empresas públicas en distintos territorios.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, obtuvo el respaldo de 77 asambleístas, particularmente en los 28 artículos y tres disposiciones del texto. El oficialismo destacó la aprobación de la normativa que, según el asambleísta Alejandro Lara, fortalece la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos.
En cuanto a la minería, Lara señaló que el proyecto busca atacar a las actividades irregulares encabezadas por organizaciones criminales. Además, indicó que la iniciativa propone una distribución de recursos que surjan de actividades de explotación y extracción en las comunidades aledañas a proyectos mineros.
En el correísmo, la preocupación es el incumplimiento en la distribución de recursos a comunidades donde se realicen proyectos mineros. El asambleísta Comps Córdova cuestionó también una reducción en los requisitos ambientales para la ejecución de iniciativas extractivas.
Al finalizar la sesión, Verónica Íñiguez, de la Revolución Ciudadana, cuestionó al presidente de la Legislatura, Niels Olsen, por supuestamente no otorgarle la palabra. Lamentó que la vigencia de la ley del Gobierno "regalará" los recursos naturales del país.
El colectivo Yasunidos cuestionó la aprobación de la ley de energía y minería, a la que calificó como un instrumento que enrumbará al país a un modelo extractivo. De acuerdo con la organización, la normativa no es un "ajuste técnico", sino que representa una decisión política para acelerar y blindar las actividades mineras de alto impacto.
Yasunidos alertó que el proyecto pondría en riesgo la convivencia de pueblos y comunidades cercanos a proyectos extractivos, así como al medioambiente. Por esta razón, el colectivo anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Cambios constantes en el sector minero
Jorge Luis Hidalgo, experto energético, señaló que, históricamente, Ecuador ha pasado por reiterados cambios y reformas legales sin resolver problemas estructurales. Consideró que la causa podría radicar, en su lugar, en la deficiente gestión administrativa y operativa.
Uno de ellos, dijo, es el control de la minería ilegal. Relató que, en la ruta a la provincia de Azuay, se pueden constatar múltiples proyectos extractivos irregulares sin mayor control, por lo pensar que dichas actividades se regularán con una ley no tiene cabida. A su criterio, la Asamblea se mostró "desconectada con la realidad", al considerar que la minería ilegal se erradicará con la vigencia de una normativa.
"Puede poner la ley que quiera y las mejoras para combatir la minería ilegal, pero la solución no es la ley, sino la gestión", dijo.
Con respecto a la formalización de actividades mineras, Hidalgo destacó la importancia de esta medida por los ingresos tributarios que representará para el Fisco, pero recordó que sectores ambientalistas generalmente protestan contra proyectos legales y visibles. Sobre esta base, cuestionó que estos grupos no levanten la voz en torno a actividades ilegales que se propagan de manera masiva.
Con respecto al sector energético, Hidalgo resaltó la viabilidad de aumentar la inversión privada en generación, transformación y distribución. Esto en medio de un escenario en el que empresarios, activistas y analistas han contribuido, conscientemente o no, en una especie de boicot del desarrollo energético nacional.
A esto, dijo, se suman disputas sobre la ley elevadas a la Corte Constitucional. Este panorama, señaló, incidió directamente en la seguridad jurídica de la que dependen actores externos en torno a su inversión en el país. Mientras tanto, importadores de electricidad y propietarios de barcazas generadoras se benefician de la crisis, al mismo tiempo que las afectaciones se sienten en las familias y las actividades productivas.
De acuerdo con Hidalgo, resulta imprescindible la propuesta de una política de seguridad energética de Estado, contrastando con prácticas internacionales como la conducción estratégica desde el Pentágono en EE.UU. Esto, para garantizar el fortalecimiento de la producción petrolera, la generación eléctrica y las regulaciones mineras.
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