Petroecuador asegura que hay combustible, pero distribuidores denuncian recortes de hasta el 30% en los despachos de diésel
La controversia en torno al suministro de combustible en Ecuador generó fricciones entre el sector público y los gremios privados. Mientras la estatal Petroecuador ratifica que existe disponibilidad de inventarios y continuidad en el arribo de buques de importación, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (FENATRAPE) y la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (CAMDDEPE) informaron sobre restricciones efectivas en las estaciones de servicio de las regiones Sierra y Costa.
La diferencia radica en que, si bien hay producto en el país, el despacho hacia el canal automotor ha sido racionado entre un 20% en Quito y hasta un 30% en la terminal Pascuales de Guayaquil. Esta reducción de cupos responde a la necesidad del Estado de reorientar importantes volúmenes de diésel para abastecer las plantas termoeléctricas y cubrir la creciente demanda del sector industrial, obligado a autogenerar por los cortes de luz.
Factores logísticos y desviación de tanqueros a costo del distribuidor
A la alta presión del sistema eléctrico se suman complicaciones logísticas en la cadena de importación, de la cual Ecuador depende en un 73% para abastecer su consumo normal de diésel. Fuerte oleaje en las costas obligó a realizar operaciones de "alige" —transferencia de carga a embarcaciones menores— para desembarcar el combustible, generando retrasos operativos.
Adicionalmente, las estaciones de servicio denuncian que Petroecuador ha derivado tanqueros a terminales distantes de sus zonas de origen:
- Distribuidores de Ambato han sido enviados a abastecerse en Quito
- Los de Santo Domingo a la Refinería de Esmeraldas
- Los de La Troncal a Pascuales.
Estos fletes adicionales de hasta 10 centavos por galón deben ser asumidos íntegramente por los gasolineros, lo que deriva en ventas a pérdida directa al consumir la totalidad del margen.
Asfixia del margen comercial
El problema de fondo radica en la congelación del margen de comercialización del diésel, fijado en 12 centavos por galón (a repartir entre la comercializadora y el distribuidor, dejándole a este último apenas 10 centavos) desde hace 24 años, siendo el más bajo de la región. Al respecto, el presidente de la CAMDDEPE, Ivo Rosero, explicó en Noti Mundo Estelar que los incrementos en el precio oficial del diésel —que subió un dólar en septiembre de 2025 y 60 centavos adicionales en 2026— elevaron el costo de compra de un tanquero de 10.000 galones de USD 17.000 a más de USD 30.000.
Esta descapitalización exige entre USD 35.000 y USD 40.000 adicionales de liquidez por estación, haciendo insostenible mantener la cartera de crédito. Como resultado, las estaciones han tenido que suspender la venta a plazo a las flotas de transporte pesado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), exponiendo a la cadena de suministros y a la maquinaria municipal a una inminente parálisis.
Pedido urgente al Gobierno
Ante este panorama, la dirigencia de la CAMDDEPE difirió una jornada de protesta tras los anuncios del Gobierno sobre posibles revisiones, pero señala que el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, aún no los ha recibido en audiencia. El gremio plantea aplicar el estudio contratado por el Estado al Banco Mundial en 2023, el cual recomendaba nivelar el margen del diésel con el de las gasolinas de 85 octanos para situarlo en torno a los 22 centavos por galón.
Los distribuidores advierten que, si no se resuelve de inmediato el desfase entre los costos operativos reales y los márgenes congelados, la cadena de comercialización privada colapsará, agravando el racionamiento operativo que ya impacta al transporte de carga en todo el país.
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