Delincuencia organizada
Aquiles Alvarez ya está en la cárcel de Latacunga. El alcalde de Guayaquil fue trasladado a ese centro penitenciario la madrugada de este 12 de febrero, menos de 24 horas después de que un juez le dictó prisión preventiva en el marco del caso Goleada.
Alvarez llegó a la cárcel en medio de un fuerte contingente policial, luego de su procesamiento por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Los otros cuatro procesados que cumplirán prisión preventiva fueron trasladados a la cárcel del Turi, entre ellos, los hermanos del Alcalde, Antonio y Xavier Alvarez.
Para otros cinco implicados en el caso Goleada, el juez ordenó presentación periódica y prohibición de salida del país, mientras que para el implicado restante, se ordenó la elaboración de un estudio de seguridad de su domicilio con el fin de cumplir arresto domiciliario. Además, el magistrado ordenó la inmovilización de las cuentas que los procesados mantengan en el sistema financiero.
Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, es uno de los vinculados al caso Goleada que recibió medidas alternativas, pero la Fiscalía presentó una apelación al dictamen del juez. Su abogado, Carlos Soria, cuestionó que, dos días después aún no puedan acceder al expediente completo del caso, mientras la carga probatoria sería deficiente.
El caso Goleada, según lo relatado durante la formulación de cargos, surgió a raíz de una denuncia reservada que, por decisión judicial, dio inicio a una investigación por 180 días. Al culminar el plazo, iniciaron los allanamientos el 10 de febrero en la provincia del Guayas con argumentos que, según Soria, no son claros.
En la diligencia, el fiscal de la causa se limitó a leer un parte policial que evidenciaba una supuesta estructura que usaba empresas para lavar activos a través de aumentos de capital con deudas que mantenía. Sin embargo, este argumento, dijo Soria, no tendría mayor sentido. Esto, debido a que el lavado de dinero implica una operación clandestina y, en los hechos investigados, no existirían movimientos irregulares o injustificados.
"Parece la estructura criminal más torpe del mundo: todo lo ha hecho de forma legal", dijo.
Con respecto a su defendido, Soria explicó que es vinculado en calidad de presunto colaborador, debido a que prestaba servicios a una empresa del grupo Alvarez, sin que Fiscalía proporcione mayor información del caso.
"No existe ningún tipo de indicio criminal, en lo absoluto", enfatizó.
De acuerdo con Soria, la carga probatoria presentada hasta el momento, no abre la posibilidad de llevar al caso Goleada a una etapa de juicio. Precisó que, la instrucción fiscal será clave para determinar que no existen pruebas para configurar una presunta delincuencia organizada.
La persecución a Aquiles Alvarez
Como "ilegal" e "ilegítima", así calificó Soria a la medida de prisión preventiva ordenada en contra de Aquiles Alvarez. Recordó que, el alcalde de Guayaquil es el implicado que cuenta con el "arraigo más grande", debido a que es una autoridad electa por votación popular y que goza de fuero de Corte y Fiscalía provincial.
Cuestionó que, el mismo parte policial usado para la formulación de cargos contra los procesados no es argumento suficiente para declarar una prisión preventiva. Además, aclaró que, al ser Alvarez una autoridad que tiene fuero provincial, debió ser un fiscal o un juez provincial el que conozca la investigación. Caso contrario, dijo, podría existir una causal de nulidad.
De acuerdo con Soria, el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva contra Aquiles Alvarez y con una baja carga probatoria busca una suerte de "castigo anticipado", y configuraría una persecución política.
"Todas las actuaciones dentro del nuevo caso. Llevan a pensar a que esto es una nueva judicialización de la política", sentenció.
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