Un "patrón reiterado" para dilatar la etapa de juicio: la ARCH pide el cese de diferimientos en el caso Triple A
El próximo 31 de enero y 1 de febrero se instalará la audiencia de juicio del caso Triple A, luego de que el pasado 24 de diciembre se declaró fallida por la ausencia de abogados de algunos de los procesados. En 13 ocasiones, las diligencias no se instalaron, algo que fue cuestionado por Christian Puente, director ejecutivo (e) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).
Puente calificó como "inaceptable" la constante diferimiento de una audiencia con un caso de alta relevancia, y que investiga un presunto tráfico de combustible. Señaló que, en un 90%, las dilaciones surgieron por pedido de los implicados y representaría un abuso de los implicados por llegar a la etapa de juicio.
"No es una situación casual, es un patrón reiterado en el que los procesados han usado las herramientas de derecho a la defensa y de salud para dilatar la audiencia de juicio", dijo.
De cara a la audiencia, la ARCH aseguró tener todas las pruebas para sostener las acusaciones contra los 22 procesados (16 personas naturales y 6 jurídicas). Puente recordó que fue en el 2023, cuando se revisaron 455 estaciones de servicio con comportamiento atípico. El análisis se realizó en el período 2022-2023 en base a una alerta del Ministerio de Finanzas que señalaba el incremento del subsidio para los combustibles. Posteriormente, se emitieron procesos sancionatorios a 233 estaciones de servicio que, en ocasiones, fueron denuncias ante la Fiscalía.
Controles de contrabando
La ARCH mantienen controles en estaciones de servicio para evitar el contrabando, según Puente. Detalló que en las provincias de Zamora Chinchipe y Esmeraldas existen irregularidades que no han sido justificadas por los establecimientos. Si bien no precisó la cifra de robo de combustible, señaló que esta sería "bastante alta".
Otro de los controles, dijo, se centra en evitar el suministro ilegal de combustible para alimentar maquinaria de minería ilegal. Para esto, la ARCH trabaja en conjunto con la Agencia de Regulación y Control Minero para detectar los equipos registrados y aquellos que no pertenecen a los reportes.
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