Unión Europea destina USD 12 millones para fortalecer lucha contra crimen organizado y lavado de activos
Este martes 8 de julio de 2025, el Gobierno de Ecuador y la Unión Europea lanzaron oficialmente el programa Serpaz (Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz), con una inversión cercana a los 12,9 millones de dólares para enfrentar los principales retos en materia de seguridad.
La iniciativa está orientada a reforzar la respuesta estatal frente a delitos como el lavado de activos, la gestión de la crisis penitenciaria, la protección de la cadena logística de exportaciones frente a actividades ilícitas, y la prevención del reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales.
En la ceremonia realizada en la Cancillería de Quito, participaron autoridades del Estado, representantes europeos y del sector privado. La viceministra de Cooperación Internacional, Alfonso Abdo, y la canciller Gabriela Sommerfeld, resaltaron la importancia de este proyecto para la estabilidad y protección de las comunidades vulnerables.
Erica Gerretsen, directora de Desarrollo Humano y Gobernanza de la Comisión Europea, destacó que Ecuador presenta una de las tasas de homicidio más altas de Sudamérica, con 44,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esto evidencia la presencia activa de redes de crimen transnacional que también afectan directamente a Europa, en temas como narcotráfico y lavado de dinero.
El programa Serpaz combinará esfuerzos de instituciones nacionales con la experiencia europea, incluyendo a expertos de Francia, Italia y España, para fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden y mejorar la rehabilitación en los centros de privación de libertad. Además, se trabajará de forma piloto en sectores exportadores claves como banano y cacao, en puertos estratégicos del país.
Un componente fundamental será la protección de los jóvenes en zonas vulnerables como Guayaquil y Durán, donde la cooperación alemana apoyará iniciativas para evitar su reclutamiento por parte de bandas criminales.
Serpaz tendrá una duración de tres años, articulando a instituciones públicas, organismos europeos y organizaciones comunitarias con el fin de construir una respuesta integral y sostenible frente a la violencia y la inseguridad en Ecuador.