Perjudicar el bolsillo de los quiteños y reducir los estándares de calidad del transporte son las "líneas rojas" del Municipio, según la Vicealcaldesa
El servicio de transporte público en Quito volvió a la normalidad este miércoles 6 de mayo. La noche de ayer, luego de varias horas de reunión con el alcalde Pabel Muñoz, representantes del sector acordaron levantar la racionalización del servicio que caotizó la ciudad el pasado martes. El compromiso del Municipio fue que, a partir del 13 de mayo, se instalen mesas técnicas que garanticen la sostenibilidad económica del servicio de transporte urbano sin afectar a la ciudadanía.
Las propuestas del sector son dos: un posible aumento del pasaje y una compensación que, en esta ocasión, saldrá del Municipio de la capital. Es en las mesas técnicas donde se abordarán estos escenarios y se definirá un camino para enfrentar la crisis en el transporte público, señaló en NotiMundo A La Carta la vicealcaldesa Fernanda Racines.
Las fricciones con los transportistas ocurren a puertas de terminarse las compensaciones aplicadas desde el Gobierno para paliar los efectos de la eliminación del subsidio. Este panorama, según Racines, obligó a que los Municipios busquen soluciones en un tiempo de ocho meses que, a su criterio, es insuficiente.
Según Racines, la revisión de la tarifa requiere más tiempo para garantizar un balance entre los ciudadanos y los transportistas urbanos. Consideró que, sobre este concepto, no debe verse al transporte público como un negocio, sino como un servicio público.
"Instalar una tarifa que sea, por un lado, justa para la ciudadanía y técnica para los transportistas, requiere más tiempo", indicó.
Sobre el sector, dijo, se requiere de costos compartidos con el Ejecutivo. Esto, debido a que la reforma al COOTAD dificulta pasar el dinero a la Empresa de Pasajeros para modernizar el sistema.
"Es complicado hallar una solución cuando nuestra línea roja es que no se va a perjudicar el bolsillo de la ciudadanía quiteña y tampoco vamos a permitir que se disminuyan los estándares de calidad", enfatizó.
La vicealcaldesa puso como ejemplo el modelo de funcionamiento de Transmilenio en Bogotá, Colombia. Allí, relató, es el Gobierno central el encargado de construir la carretera, la implementación de paradas y la ampliación de las vías. Mientras tanto, es el Municipio de la ciudad el que subsidia la tarifa para evitar un impacto directo al usuario final.
Una de las dificultades para revisar la tarifa, señaló Racines, es la deficiencia del servicio de transporte. Lo que vuelve rentable el negocio, consideró, es que los conductores recortaron gastos y, a su vez, desmejoraron las facilidades para los pasajeros.
Para supervisar inconvenientes en el servicio, el Municipio de Quito incrementó el número de controladores de alcohocheck de tres a 25. Además, se modificó la Ordenanza Municipal relacionada al fideicomiso del Trolebús, la Ecovía y Metrobus. La idea, dijo, es modernizar el servicio de transporte como sucede en el Metro, pero en la superficie.
Ahora, existe expectativa en el Cabildo sobre el desarrollo de las mesas técnicas a partir del 13 de mayo. Según Racines, el objetivo es hallar una solución para evitar una racionalización del servicio, cuya acción el pasado 5 de mayo, dejó cerca de 1.400 buses en proceso de sanción.
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