El miércoles 4 de febrero de 2026, un tribunal federal en Buenos Aires presentó un escrito dirigido a las autoridades de Estados Unidos solicitando la extradición de Nicolás Maduro Moros, ex presidente de Venezuela, con el fin de que se presente ante la justicia argentina en una causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad.
La decisión, firmada por el juez federal Sebastián Ramos, insta a que se active el tratado bilateral de extradición entre Argentina y Estados Unidos para que Maduro sea trasladado y rinda declaración indagatoria ante los tribunales argentinos. La acción judicial se basa en denuncias presentadas en 2023 por organizaciones de derechos humanos que acusan al gobierno venezolano de cometer atropellos sistemáticos contra civiles.
El pedido argentino se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite a un país investigar y procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde ocurrieron ni la nacionalidad de los implicados. En el documento, el juez afirma que, dado que Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense desde hace semanas, ahora corresponde evaluar formalmente el traslado para responder ante la justicia argentina.
La causa incluye testimonios de personas que alegan haber sufrido persecución y abusos durante el mandato de Maduro, y además se ha ordenado notificar el pedido de extradición a organismos internacionales para agilizar los procedimientos pertinentes. La Cancillería Argentina será la encargada de transmitir el exhorto al gobierno de EE. UU. y de coordinar los pasos legales y diplomáticos correspondientes.
