Delitos lesa humanidad

40 años después, exmilitares enfrentan la justicia por abusos a miembros de 'Alfaro Vive Carajo'

Exoficiales del Ejército son procesados por presuntos delitos de lesa humanidad en el caso Vaca y Otros.

Seis personas, entre ellas cinco militares en servicio pasivo, enfrentan la audiencia de juicio por presuntos delitos de lesa humanidad, cometidos durante el Gobierno de León Fébres-Cordero en el caso Alfaro Vive Carajo, también conocido como Vaca y Otros.

Se trata de:

  • Juan Raúl Viteri Vivanco, excomandante de la Escuela de Inteligencia
  • Manuel Marcelo Delgado Alvear, exdirector de Inteligencia del Ejército
  • Nelson Bolívar Enríquez Gómez, exoficial de Inteligencia del Ejército
  • Fernando Ignacio Ron Villamarín, exoficial del Ejército
  • Mario Ricardo Apolo Williams, excomandante de la Escuela de Inteligencia
  • Luis Eduardo Piñeiros Rivera, exministro de Defensa

El caso, que inició hace 10 años, apunta a violaciones sistemáticas de los derechos humanos a través de la "actuación coordinada" de estructuras estatales contra personas tratadas como "enemigos internos", especialmente a integrantes del grupo subversivo 'Alfaro Vive Carajo'.

Según la teoría de la causa, el 10 de noviembre de 1985, Luis Alberto Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín -todos integrantes de la agrupación política- fueron detenidos sin orden judicial en Esmeraldas por personal militar y fueron trasladados al Batallón de la Escuela de Ingenieros Montúfar.

Durante la madrugada del día siguiente, las víctimas fueron movilizadas a Conocoto, donde fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas durante 16 días.

Uno de ellos, Luis Vaca, permaneció desaparecido fuera de protección judicial durante dos años bajo custodia de miembros de inteligencia militar. Posteriormente fue liberado en Ibarra.

Para Juan Cuvi, activista y exintegrante de 'Alfaro Vive Carajo', resulta positivo que luego de 10 años el proceso judicial se reactive, pese a los 40 años que pasaron de las violaciones de derechos humanos denunciadas incluso ante organismos internacionales.

"Puede ser simbólico y significativo en términos de una exigencia de justicia para este país", dijo.

Cuvi señaló que, como militantes que decidieron tomar las armas, afrontaron las consecuencias del acto y fueron judicializados por este proceso, sin embargo, cuestionó que nunca se haya criticado el accionar de la justicia con los excesos de la Fuerza Pública en el combate a 'Alfaro Vive Carajo'.

"Eso es lo que siempre hemos demandado: justicia", indicó.

Detrás de la ola represiva durante el Gobierno de Fébres-Cordero, según Cuvi, hubo autoridades civiles, cuyas actuaciones no fueron judicializadas. Sobre esto, dijo, la primera lección es que ningún Gobierno puede justificar ni alentar que la sociedad y los jóvenes tengan que revelarse a los extremos de sacrificar la vida, optar por posturas más radicales para tratar de cambiar una sociedad, exigir justicia, igualdad y demandar sus derechos.

"Es aleccionador para esta sociedad que se sepa tarde o temprano la impunidad sea eliminada de procesos judiciales", enfatizó.

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