Caso Narcotentáculos podría ser un "nuevo caso Purga" en la Corte de Manabí; la depuración no ocurrirá a corto plazo, apuntan juristas
Oficinas y viviendas de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí fueron allanadas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada.
El denominado caso Narcotentáculos arrancó en agosto del 2024, tras recibir los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados dentro del caso Plaga.
En la operación, ejecutada por la Fiscalía y la Policía, fueron intervenidos 9 domicilios en Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi, donde se levantaron indicios como computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentos relacionados con la investigación.
Para el exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, este caso podría ser un símil del caso Purga, o sería una nueva versión de la investigación por presunta delincuencia organizada, esta vez, en la Corte Provincial de Manabí. Pero esto, dijo, se remonta a la ineficiencia del Consejo de la Judicatura.
Recordó que, el primer escándalo que envolvió a la institución vino bajo la presidencia de Wilman Terán, sentenciado en el caso Metástasis por pertenecer en una red que favoreció con fallos judiciales al narcotraficante, Leandro Norero y su familia. A esto, se suma el fallido concurso de jueces que, según la Fiscalía, fue direccionado por Terán para que la exjueza sea una de las elegibles para permanecer en la Corte Nacional de Justicia.
El panorama se extendió a la gestión del presidente Álvaro Román, quien impulsó un nuevo concurso de jueces y, luego de que Mario Godoy asumió la titularidad de la Judicatura, el proceso también fue declarado nulo. Posteriormente, el vocal Merck Benavides renunció y el Pleno se conformó únicamente por tres integrantes. En un reciente proceso, el Consejo aprobó el reglamento para la creación de judicaturas especializadas, determinado tras la consulta popular de abril del 2024, sin embargo, la Corte Constitucional echó abajo esta decisión.
Macías lamentó que la solución en torno a la depuración del sistema judicial no será a corto plazo. Esto, incluso cuando los esfuerzos para hacerlo no han surgido de la propia Judicatura, sino que partieron del Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para verificar el patrimonio de jueces y fiscales.
Un criterio similar compartió el abogado constitucionalista, Hernán Acevedo, quien insistió en que la salida ante la corrupción enquistada no será fácil, sino que debe ser el Estado el que concentre sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de estructuras ilícitas.
Destacó que, desde la Fiscalía, exista un compromiso para desenredar tramas de corrupción y, al mismo tiempo, un intento por depurar el sistema judicial.
Acevedo también apuntó al Consejo de la Judicatura por ser una de las instituciones que contribuyeron a la infiltración de la corrupción, al no ejercer los debidos controles.
Precisó que, a esto, se suman eventuales cálculos políticos para renovar la entidad. Esto, debido a que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, aún no han remitido sus ternas para sus delegados en la Judicatura.
Una vez realizada esta acción, dijo el exjuez Macías, la Judicatura debería iniciar una evaluación sectorizada de funcionarios judiciales que presenten irregularidades en sus patrimonios, o hayan estado vinculados a tramas de corrupción.
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