Nueva autoridad de la FGE

Designación "arbitraria" del fiscal subrogante deja entrever una posible "jugada política" de la Judicatura, alerta penalista

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó a Carlos Leonardo Alarcón como fiscal general subrogante, en caso de ausencia definitiva o temporal de Wilson Toainga.

Según el organismo, la resolución se tomó en base a informes técnico-jurídicos y en el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE), emitido el pasado 2 de octubre, tras una consulta de Toainga, quien está prorrogado en sus funciones por el retraso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el concurso para nombrar a un nuevo fiscal general. 

Alarcón es magíster en Derecho Penal, con especialización en criminalidad compleja y en justicia indígena. Ganó notoriedad por estar a cargo del caso "Nene", donde se investiga un presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República y que involucra a Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad

Así mismo, la Fiscalía le asignó el caso "Triple A", referente a un presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, donde están procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y dos de sus hermanos, tras una denuncia presentada por el Gobierno.

En NotiMundo al Día, Marcela Estrella, abogada penalista, recordó que Toainga asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la salida de Diana Salazar. Tras el cambio administrativo, quedó un vacío respecto del cargo de Toainga, quien se mantenía como fiscal subrogante. 

Tras la consulta de Toainga, dijo Estrella, la Procuraduría dio lugar a una confusión, en cuanto a las competencias que tiene, por un lado, el CJ, y por otro, el CPCCS. "No solo son instituciones diferentes, sino que pertenecen a poderes diferentes", alertó la jurista, respecto de una injerencia de poderes, en base a una extralimitación de los criterios de la propia PGE. 

Estrella recordó que el CPCCS es la única institución para designar a la máxima autoridad de la FGE. Además, precisó que, en el criterio de la PGE, el CJ se basa en un articulado donde se establece la facultad de designar fiscales distritales y cantonales, pero no al titular de la Fiscalía. "Esta es una interpretación errónea", apuntó.

"La intervención del CJ fue completamente arbitraria", cuestionó Estrella, aunque no desmereció la trayectoria de Alarcón. A su criterio, es preocupante que exista un posible conflicto de intereses y falta de imparcialidad en sus actuaciones. 

"No estamos viviendo un momento político normal y, tristemente, se observan estos escenarios; a veces resulta inevitable plantearse estas posibilidades", agregó.

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