El Consejo de la Judicatura tiene la oportunidad de demostrar la independencia judicial, según Iván Saquicela
Cuatro de los cinco vocales principales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados por la Asamblea Nacional. Se trata de Mario Godoy, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco, quienes tomaron juramento en el Palacio Legislativo.
En su intervención, Godoy, quien se mantendrá en el cargo por los próximos seis años, insistió en la decadencia de la función judicial y destacó la importancia de recuperar la institucionalidad de la Judicatura. Godoy también se refirió a su plan de gestión para los próximos seis años, el cual, dijo, incluirá una articulación con el poder Ejecutivo y Legislativo.
Fabián Fabara, también vocal designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será posesionado este viernes 26 de septiembre, mientras se resuelve su situación legal como exjuez de Pichincha.
Según un oficio remitido por Fabara, su renuncia como magistrado no fue aceptada por el Pleno de la Judicatura, debido a la ausencia de la vocal Solanda Goyes en la sesión que derivó en una falta de quorum. Esta acusación fue rechazada por Goyes, quien acusó a Godoy de ejecutar "maniobras" para afectar su imagen.
Reconocer una "crisis" en la función judicial
Para el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, es imprescindible que la nueva gestión del Consejo de la Judicatura reconozca una crisis en la Función Judicial, y los componentes fundamentales que llevaron a esa situación. El primer paso, dijo, es la depuración de las distintas instituciones, así como la evaluación de jueces y fiscales.
"El Consejo de la Judicatura tiene la gran oportunidad para demostrar un trabajo de independencia judicial alejado de la política", dijo.
Según Saquicela, la evaluación de servidores judiciales debe ser cuantitativa, cualitativa y de forma objetiva, bajo estándares internacionales. Esto, dijo, permitirá cesar a funcionarios "incompetentes" sin que sea un pretexto para "meterle la mano" a la justicia.
A esto, señaló Saquicela, debe sumarse el compromiso del Ejecutivo de garantizar el presupuesto para mejorar los servicios y el personal del sistema de administración de justicia. Esto, insistió, para impulsar la eficiencia y celeridad de procesos judiciales retenidos.
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