El cuestionado concurso para Fiscal General del Estado avanza en medio de la "impavidez" del CPCCS, cuestiona Mónica Jaramillo
A días de cerrarse la postulación al concurso para Fiscal General del Estado, apenas tres perfiles están inscritos. Se trata de dos personas de la provincia de Pichincha y una de El Oro, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aseguró que 31 formularios de los aspirantes se han activado durante los últimos días. Uno de los perfiles más conocidos es el del exjuez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías.
La medianoche del martes 3 de marzo será el plazo final para que los postulantes participen en el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. Posterior a esto, se desarrollarán las siguientes fases:
- Fase de admisibilidad y reconsideración;
- Fase de calificación de méritos y recalificación;
- Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana; y,
- Fase de oposición y recalificación
De acuerdo con Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, existen dos factores que ahondan la escasa participación en el concurso para Fiscal. La primera, una desconfianza inicial a los procesos de selección organizados por el CPCCS y, la segunda, el exceso de tramitología que implica preparar una carpeta para postular.
Más allá de legitimar o no el concurso, Jaramillo adelantó que el Observatorio se mantendrá vigilante ante cualquier inconsistencia registrada a lo largo de las distintas etapas. Un llamado ciudadano, dijo, debe instar al Consejo de Participación a transparentar la información sobre la designación del nuevo Fiscal. Esto, debido a los cuestionamientos al proceso y la "impavidez" de los consejeros.
"La información tiene que ser clara y transparente en un proceso como esta autoridad, la máxima del poder punitivo del Estado", dijo.
Jaramillo señaló que, en medio de una crisis en la justicia, lo que se espera es contar con los perfiles capacitados y probos para asumir la titularidad de la acción penal en el país. Sin embargo, insistió, esto no debe significar una dilación en el concurso con intereses políticos de por medio.
"Aspiramos que no solo tengamos números, sino que conozcamos de primera mano, quienes son los postulantes que han cumplido de forma legal", enfatizó.
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