Presiones y amenazas sobre jueces llevaron al "colapso" de la Función Judicial: juristas instan a dejar de lado la "tibieza"
El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor a la Dirección Provincial de Pichincha y anticipó que se iniciará un sumario disciplinario por las denuncias de presiones sobre el juez Carlos Serrano para fallar a favor de un ciudadano serbio, procesado por lavado de activos.
Uno de los principales reparos en torno al caso del juez Serrano, según Juan Carlos Benalcázar, excandidato a presidir el Consejo de la Judicatura, es la "tibieza" con la que actuó el Pleno. Consideró que, en lugar de aceptar la renuncia del exfuncionario, debió iniciarse el proceso disciplinario para destituirlo. Esto, dijo, evitaría que regrese a la Función Judicial en un futuro.
"Le hicieron un gran favor (...) del Consejo de la Judicatura se esperaba, al menos del resto de miembros, un poco de decencia", dijo.
Esta actitud "complaciente", según Benalcázar, supone la existencia de un entramado de corrupción integrado por figuras clave de la actual administración para conseguir la impunidad de quienes la componen.
"Nadie ha tomado la posta de decir las cosas puro y duro", indicó.
A su criterio, Mario Godoy debería ser destituido de la Presidencia de la Judicatura y enjuiciado penalmente en el marco del debido proceso. Sobre los responsables, consideró, deberían rendir cuentas sobre sus actuaciones, sin desconocer el organismo el cual estuvo a cargo del nombramiento de Godoy: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Recordó que, en el 2024, la institución violó el reglamento de elección, al saltarse etapas del proceso de designación. A esto, se suma una responsabilidad "con atenuantes" de José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, por incluir el nombre de Godoy en dos ocasiones dentro de la terna para presidir la Judicatura.
Llamado a dejar la "tibieza"
La situación actual de la Función Judicial representa un "colapso" que perjudica tanto al sistema de administración de justicia, sus usuarios, el ordenamiento jurídico y la profesión de abogado, según Juan Carlos Benalcázar. A su criterio, el gremio de juristas del país debería levantar la voz para poner un freno a las injerencias en la justicia.
Su llamado incluye un "llamado de atención" a colegas que han emitido pronunciamientos insuficientes en torno al caso y a quienes "callan de manera cobarde", dijo.
"Es un Metástasis 2 (...) tenemos amenazas de muerte. Es peor lo que estamos viviendo", sostuvo.
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