Emergencia en la justicia

Yolanda Yupangui: "No podemos cerrar los ojos a la situación caótica de la Función Judicial"

El déficit de jueces y el estado crítico de dependencias judiciales son, según el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, argumentos que podría llevar a una declaratoria de emergencia a la Función Judicial.

El país enfrenta un déficit de 753 jueces. De estos, 11 son de Corte Nacional, 57 de Cortes Provinciales, 46 de Tribunales Distritales, 53 de Tribunales Penales, 470 de Unidades Judiciales y 116 en materia constitucional. Los espacios restantes representan un impacto de USD 50.4 millones al presupuesto anual del Consejo de la Judicatura.

Frente a esto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, planteó una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Una de las más importantes hace referencia a la ejecución de concursos de selección, los cuales, dijo, deberían contar con una terminología unificada y parámetros actualizados para la realización de las pruebas de confianza.

Otra propuesta de modificación, según Godoy, es a la evaluación y categorización de servidores judiciales. Planteó que estos procesos de análisis deberían ejecutarse de manera anual y, quienes no cumplan los requisitos mínimos para ejercer sus funciones, puedan ser removidos inmediatamente.

"Es necesaria" una declaratoria de emergencia en la Función Judicial, consideró la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui. Para ello, dijo, la institución debe contar con informes jurídicos y de talento humano, considerando también que la medida incluye la asignación de recursos para atender los diversos problemas que enfrenta este poder del Estado.

Según Yupangui, el Consejo completó el reglamento para evaluación, sin embargo, el pendiente y uno de los pilares del proceso es el reglamento de conflicto de intereses. Este mecanismo, detalló, servirá para evitar la infiltración de parientes y conocidos en la función judicial.

"No podemos cerrar los ojos a la situación caótica de la función judicial", dijo.

Desde su despacho, incluso, se planteó una propuesta al presidente Mario Godoy para que, previo al proceso de evaluación que propone el titular, se realice una depuración de servidores judiciales. Por ello, instó la ayuda de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el SRI y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para evitar dudas en torno a la designación de jueces "a dedo".

Para continuar con el proceso, el Consejo requiere de la presencia de Solanda Goyes, quien se incorpora el 19 de julio.

¿Política en la justicia?

Los vocales del Consejo de la Judicatura están prorrogados en funciones desde enero de este año, ante la ausencia de las ternas enviadas por los poderes del Estado para la renovación total de los integrantes del Pleno. Con esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha podido iniciar el proceso.

"No se dejen amedrentar por los políticos", fue el mensaje de la vocal de la Judicatura, Yolanda Yupangui, al CPCCS, quien exhortó a la institución a llevar a cabo el proceso de renovación lejos de inclinaciones partidistas. Además, denunció que existirían "dudas" en torno al supuesto pago de cuotas políticas en la justicia.

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