Resolución electoral
Las elecciones seccionales y de consejeros de Participación Ciudadana y Control Social se realizará el 29 de noviembre del 2026. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral este viernes.
La decisión se sustentó en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el que se refiere a las previsiones en torno al fenómeno del Niño. Según el documento, las condiciones climáticas se intensificarán durante los primeros meses del 2027, lo que coincidía con el desarrollo de las votaciones de febrero. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, calificó como "responsable" a esta resolución para garantizar el acceso del electorado a las urnas.
El informe técnico advierte de una susceptibilidad en 218 recintos electorales con una afectación a siete provincias y más de 600 mil votantes como consecuencia del temporal invernal.
Según detalló el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, la alerta de la Secretaría de Riesgos podría incidir en la operatividad de los recintos, la accesibilidad electoral, la cadena logística, los centros de procesamiento y en el despliegue de la Fuerza Pública.
El único voto en contra de la resolución vino de la consejera Elena Nájera, quien cuestionó que las advertencias climáticas no hayan sido comunicadas con anticipación y denunció un intento de "ocultarle información" a su despacho.
Con la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, la inscripción de candidaturas para Alcaldes, Prefectos y Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social se realizará del 2 al 17 de agosto.
El 9 de noviembre se publicará el listado oficial de los cuadros en pie, y entre el 12 y el 26 de noviembre, los aspirantes desarrollarán la campaña electoral. El 26 y 27 del mismo mes se llevará a cabo el voto de privados de la libertad y en casa, respectivamente. Y, por último, el 29 de noviembre serán las votaciones generales.
Una "planificación" para "violar" la ley
Para Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, existe una suerte de "planificación" para perjudicar la actividad política del resto de organizaciones. Anticipar las elecciones, dijo, no se sustenta en ninguna base legal y no podría basarse en un hecho futuro incierto.
Explicó que, de ser el clima una de las excusas para tomar dicha decisión, la logística plantea mover los recintos electorales a zonas altas, así como el traslado de documentos, tal y como se hizo en comicios anteriores. A su criterio, lo resuelto por el CNE es una "barbaridad jurídica" y una "flagrante violación constitucional y legal".
"Están destruyendo la democracia. Estamos convirtiendo a los organismos electorales en garantes del fraude institucionalizado", enfatizó.
Luego de este "absurdo" legal, según manifestó Oleas, lo que resta es plantear acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Todo esto, en medio de un Consejo Nacional Electoral desprestigiados por sus autoridades prorrogadas y que, a su criterio, deberían enfrentar un juicio político por estas actuaciones.
"Tengamos una participación activa, cívica y democrática. Los únicos que podemos salvar este caos institucionalizado para que algunos políticos se tomen el poder es la participación ciudadana", puntualizó.
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