Juan Lloret
Para este 16 de septiembre de 2025, está convocada una movilización en contra de la minería en Quimsacocha y por la defensa del agua. Esto en medio de la declaratoria del estado de excepción en Azuay y otras seis provincias, emitida durante las primeras horas de este martes.
La polémica surgió tras la licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, para la fase de explotación del proyecto Loma Larga. Y es que un informe emitido por la empresa de Agua Potable de Cuenca (ETAPA), advierte la inviabilidad de este proyecto, por los riesgos a los que están expuestas las fuentes de líquido vital que nacen de los páramos de Quimsacocha.
En NotiMundo al Día, Juan Lloret, prefecto de Azuay, afirmó que en la provincia se evidencia la unidad para defender las zonas de recarga hídrica, que dotan de agua a miles de ciudadanos y que podrían ser contaminadas por la actividad extractiva.
Lloret recordó que, según la Constitución de la República, las áreas protegidas y los recursos naturales, así como los recursos estratégicos e hidrocarburos, son de competencia exclusiva del Gobierno central.
"Este prefecto no saca el cuerpo frente a la necesidad defender uno de los sectores importantes que tenemos, frente a la posibilidad de una explotación minera", apuntó.
Recordó que en el subterráneo del proyecto Loma Larga existen más de 300 autorizaciones de uso de agua para consumo humano y sistemas de riego. "De ser el caso, vamos a fortalecer con todos los informes que se requiera, con la única finalidad de poder preservar ese tesoro natural de los azuayos", sostuvo.
Agregó que los informes ya han sido emitidos por parte de ETAPA y la Prefectura. Además, alertó que previamente se emitió un informe por el propio Ministerio del Ambiente que establecía que no son compatibles las actividades mineras en esa zona de recarga hídrica. "Resulta que en el Gobierno no les gustó ese informe y, aparentemente, lo cambiaron para dar soporte a una licencia ambiental que, a todas luces, es irregular", apuntó.
"Son motivos suficientes para revocar la licencia ambiental; ahí se forjaron informes para acomodar la licencia y dar paso a una nueva fase de explotación", puntualizó.
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