Asamblea Nacional
Según el oficialismo, la iniciativa busca restablecer el control institucional del Estado sobre las cárceles, evitar la reorganización del crimen desde los centros penitenciarios y garantizar que la ejecución de las penas se cumpla dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
En NotiMundo al Día, Andrés Castillo, asambleísta por ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, destacó la normativa aprobada por el pleno, que, entre sus principales puntos, establece el trabajo de las personas privadas de la libertad (PPL).
Explicó que se incorporan una serie de reglas para que estas actividades no sean voluntarias, sino obligatorias. Castillo precisó que el SNAI, ente encargado del control de las cárceles, tendrá un plazo de 36 meses para desarrollar la política pública de trabajo y producción en los centros penitenciarios.
Esto incluye financiamiento, capacitación, posibilidad de que se comercialicen los productos elaborados, entre otros aspectos. "Si es que el SNAI no lo hace, habrá sanciones", advirtió el legislador.
El requisito previo para que esto sea ejecutado es que se dé la reorganización dentro de las cárceles, entre niveles alto, medio y baja peligrosidad.
"Si no, sucede lo que venía pasando en los amotinamientos, donde con la misma moladora del taller de carpintería, los delincuentes le volaban la cabeza al otro".
Lo que se busca con la Ley, dijo Castillo, es que los presos se mantengan, cubran sus gastos, y aprendan una actividad que garantice su reinserción en la sociedad, una vez que recuperen su libertad
Por otro lado, indicó que se han establecido una serie de reglas para mejorar las condiciones del servicio de protección penitenciaria. Actualmente, los guías no tienen capacitación, armamento, ni incentivos económicos, lamentó. "Son presas fáciles de los criminales que les ofrecen miles de dólares por ingresar material prohibido", apuntó.
Con la ley, se lleva adelante un verdadero proceso de reclutamiento para los nuevos funcionarios; se incorporan por una sola vez militares y policías en servicio pasivo, que no hayan sido dados de baja forzosa, hasta cubrir el déficit de personal.
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