Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no calificó el juicio político contra Inés Manzano
La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional no logró calificar la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz, durante una sesión virtual realizada este sábado 6 de junio de 2026.
La solicitud fue presentada por los asambleístas Blasco Lunga Arévalo y Lenin Barreto Zambrano, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinara que cumplía con los requisitos formales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Moción para calificar el trámite contra Inés Manzano
Durante la sesión, la asambleísta Ana Herrera Gómez presentó una moción para que la comisión calificara la solicitud de enjuiciamiento político y diera paso a su trámite.
En su intervención, sostuvo que el pedido cumplía con los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución y en la normativa legislativa vigente, por lo que solicitó que avanzara el proceso de fiscalización.
La votación no alcanzó respaldo para enjuiciar a Manzano
Tras el debate, la moción fue sometida a votación entre los integrantes de la comisión. Sin embargo, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada.
Según la Secretaría de la comisión, el resultado fue de cuatro votos afirmativos, ningún voto negativo y seis abstenciones. Debido a ello, la moción quedó negada y la solicitud de juicio político no fue calificada.
Concluida la votación y al no existir más puntos en el orden del día, el presidente de la mesa, Ferninan Álvarez Zambrano, clausuró la sesión a las 17:38.
El caso Progen y el pedido de juicio político contra Manzano
La solicitud de juicio político contra la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, está relacionada con el denominado caso Progen, una investigación sobre contratos de generación eléctrica de emergencia suscritos durante la crisis energética de 2024.
Los legisladores proponentes sostienen que existieron irregularidades en la ejecución de los proyectos de Quevedo y Salitral, que habrían ocasionado perjuicios económicos al Estado por incumplimientos contractuales, retrasos y problemas en los equipos adquiridos.
Aunque Manzano no está vinculada penalmente en la investigación que lleva adelante la Fiscalía, el juicio político buscaba determinar una eventual responsabilidad política por su actuación al frente del sector energético durante la ejecución de estos contratos.
Fuente: La Hora