Juicio político
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la noche del 5 de septiembre el pedido de juicio político planteado en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Rosero.
El proponente del juicio es el asambleísta Sergio Peña que llegó con el auspicio de la Revolución Ciudadana, pero al inicio del periodo legislativo dejó el correísmo y hoy es aliado de Acción Democrática Nacional (ADN).
Acusa a Rosero de un supuesto incumplimiento de funciones, específicamente por que el consejero del CPCCS se habría reunido con una de las postulantes al concurso de Fiscal General del Estado que lleva adelante ese organismo.
Peña ha dicho que lleva investigando el caso desde hace algún tiempo y tiene fotografías, videos y todo tipo de evidencia del supuesto encuentro que configuraría la causal de incumplimiento de funciones que este sábado fue aceptada por la Comisión de Fiscalización.
A finales de julio circularon en redes sociales imágenes en las que supuestamente se ve a Rosero junto a la postulante Inés Romero quien ha negado haberse reunido con alguno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
Una vez calificado en pedido de juicio político tanto Rosero como Peña deberán ser notificados y tendrán 15 días para presentar las pruebas de descargo y de cargo, respectivamente.
Ese es el paso previo para la aprobación del cronograma del juicio político y la fase de práctica de pruebas en donde se escuchan los testimonios y se analizan los documentos entregados por las partes.
Candidatura desestimada
David Rosero se inscribió como postulante a la reelección para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el periodo 2027-2031
Sin embargo, tras la revisión del expediente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) una comisión calificadora determinó que no cumplía con los requisitos de ley.
El pleno del organismo electoral ratificó esa decisión y lo excluyó del grupo de 61 candidatos, entre hombres y mujeres, que estarán en la papeleta de votación de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
El 30 de agosto Rosero apeló la decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y aún está pendiente la resolución de los jueces electorales.