El correísmo plantea propuesta alternativa a la Ley de Solidaridad Nacional, mientras enfrenta fricciones internas
Jahiren Noriega fue la encargada de presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional las propuestas alternativas del correísmo en torno a la Ley de Solidaridad Nacional que, según el Gobierno, busca atacar las economías criminales. En su intervención, la legisladora cuestionó al oficialismo y planteó el cobro del 100% de las deudas en firme de grandes grupos económicos.
En otro planteamiento, dijo, el combate a la criminalidad debería tener también una perspectiva desde el ámbito social. Propuso que, en un plazo no mayor a 30 días, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos implemente un plan de protección y atención a familias víctimas de desplazamientos forzados, con motivo de la ola de violencia en zonas marginadas.
Dichas iniciativas, según Noriega, son parte de un proyecto de la Revolución Ciudadana para abordar, de manera integral, el combate a la criminalidad organizada.
"La ley que presenta el Presidente de la República está incompleta, no solamente que es inconstitucional", dijo.
Noriega lamentó que, en la propuesta del Ejecutivo, se destine un solo artículo a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), únicamente para otorgarle más facultades con menores capacidades para ejercer controles. Insistió en que, regulaciones eficientes a economías ilícitas, deben partir de un personal capacitado y con herramientas tecnológicas para trabajar de manera conjunta con la Fiscalía.
Otro de los cuestionamientos, según la asambleísta, es el planteamiento del Gobierno que otorga posibilidad de que empresas privadas donen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las Fuerzas del Orden. Esta acción, dijo, se opondría a la estandarización en la compra de equipos y armamento para los uniformados, y fomentaría incluso el tráfico de armas.
El correísmo, ¿se desgrana?
Antes del inicio del periodo legislativo, el correísmo sufrió la salida de Mónica Salazar de sus filas, y ahora, es vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en supuesta representación de la Revolución Ciudadana. Un caso más reciente es el de Sergio Peña, quien se mostró cercano al oficialismo en las primeras sesiones, y fue expulsado de la bancada, la cual alegó una "traición" al movimiento.
Las fricciones a la interna de la Revolución Ciudadana generaron la reacción de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien hizo un llamado a hacer un análisis en las bases del movimiento.
"El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones (...) La RC debe reaccionar", dijo.
Para Jahiren Noriega, el caso de Mónica Salazar y el de Sergio Peña apunta hacia un "oportunismo político", en el que, dijo, los legisladores priorizaron sus intereses personales, antes que la línea de la bancada. Sobre Peña, reveló, nunca estuvo presente en las reuniones de la organización política, por lo que "no quisiera darle más importancia al caso".
Sin embargo, su opinión fue distinta en torno al criterio de Marcela Aguiñaga.
"Si la compañera Marcela Aguiñaga tiene críticas, hay que procesarlas. Hay que sentarnos y trabajar en unidad", enfatizó.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa