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Varios jueces de la extinta Unidad Anticorrupción, que funcionaba en el Complejo Judicial Norte, en Quito, fueron trasladados al en el Complejo Judicial de Quitumbe, una de las zonas más peligrosas de la ciudad.
La medida ocurrió luego de que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió eliminar las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
En NotiMundo al Día, André Benavides, abogado constitucionalista, explicó que la supresión de la Unidad Anticorrupción no está apegada a la ley ni a la Constitución.
Recordó que, en 2020, la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas a la Función Judicial, entre ellas, la creación de unidades especializadas anticorrupción. Por ello, para su eliminación, se requería reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, algo que fue omitido por la Judicatura.
"El haberlo hecho de esa manera es inconstitucional, algo que ha sido ratificado por la propia Corte Constitucional", apuntó.
Benavides recordó que, al dar de baja a la unidad y mezclar a los jueces anticorrupción, que tienen competencia nacional, con los ordinarios, que operan en Quito, "se está modificando la competencia de los jueces de Quito, algo que solo se puede hacer a través de una ley".
El jurista explicó que, para que la CC pueda emitir un pronunciamiento, debe existir una acción pública de inconstitucionalidad, que puede ser presentada por cualquier ciudadano, pero aclaró que el organismo no puede actuar de oficio.
A su criterio, lo mejor que podría hacer la Judicatura es dar marcha atrás y dejar sin efecto su decisión, para socializar el tema con jueces, abogados y otros actores, y así determinar qué es lo mejor para la justicia ecuatoriana.
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