Auditoria gestión Diana Atamaint
En NotiMundo a la Carta, el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Carlos Aguinaga, respaldó la iniciativa y recordó que, por mandato constitucional, todos los recursos públicos deben ser sometidos a control.
Señaló que, tras ocho años de gestión y la administración de más de 800 millones de dólares en ocho procesos electorales, corresponde realizar auditorías técnicas, operativas y financieras para evaluar el manejo institucional.
Aguinaga sostuvo que recuperar la confianza ciudadana exige fortalecer el sistema de transmisión de resultados y la digitalización de actas, mediante plataformas seguras y planes de contingencia eficientes. Como ejemplo, mencionó las fallas registradas en el voto en el exterior, que evidenciaron la necesidad de contar con mecanismos tecnológicos más confiables.
Respecto al adelanto de las elecciones seccionales, calificó la decisión como un "absurdo técnico". Explicó que una campaña de apenas 15 días limita la equidad de la contienda, favorece a las autoridades en funciones, que ya cuentan con mayor reconocimiento público, y reduce las oportunidades para nuevos candidatos.
El exfuncionario también cuestionó el modelo de organizaciones políticas vigente. Afirmó que muchas operan como "partidos de alquiler", sin democracia interna, donde las candidaturas se definen de manera discrecional. Advirtió que esta dinámica facilita la infiltración de grupos vinculados con la corrupción y la delincuencia organizada.
En cuanto a la eliminación de organizaciones políticas, Aguinaga consideró que las decisiones adoptadas no respondieron a criterios estrictamente técnicos, sino políticos. Además, alertó que suspender movimientos como medida preventiva constituye un precedente que pone en riesgo el derecho a la participación.
Finalmente, enfatizó que el problema trasciende a una sola administración y responde a deficiencias estructurales del sistema político-electoral. En ese sentido, planteó la necesidad de una reingeniería institucional que garantice la independencia técnica de los organismos electorales y elimine cualquier influencia política en sus actuaciones.
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