Justicia
Apenas cuatro años después de su creación, la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado fue eliminada.
La implementación de este ambicioso proyecto significó una inversión de USD 1.6 millones, y tuvo como objetivo dar un tratamiento especial a delitos transnacionales como corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, entre otros.
La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, defendió la decisión adoptada por el Pleno, el pasado 07 de septiembre de 2026, y aseguró que la supresión de la Unidad busca "reorganizar y optimizar recursos".
"Esta decisión no debilita la lucha contra la corrupción ni contra el crimen organizado", insistió.
Las reacciones a la medida no se hicieron esperar. Juristas nacionales y representantes de organismos internacionales alertaron el riesgo que representa lo aprobado por el CJ.
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados para las Naciones Unidas, manifestó su preocupación a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
"Los estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva", sostuvo Satterthwaite, y añadió: "Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias".
En NotiMundo al Día, Álvaro Román, expresidente de la Judicatura, consideró que la institución pretende "vender" la idea de que lo que se está haciendo es mejorar la eficiencia de las distintas unidades y brindar un mejor servicio.
"Esto parecería adecuado, pero cuando se analiza más allá encontramos varios problemas que no son vistos adecuadamente", dijo.
Uno de esos problemas, según Román, es que la creación de la Unidad Anticorrupción no respondió a una necesidad nacional, sino internacional. Con esto se buscaba que Ecuador se integre en la misma política de lucha contra la corrupción transnacional.
Para Román, lo decidido por la Judicatura devela que "no se está viendo el escenario completo", porque se dará una carga adicional a los tribunales que ya tienen varias causas en curso. Lo que se debía hacer, agregó, es hacer una evaluación, respecto de carga laboral, calidad de sentencias, entre otras aristas.
"La evaluación de esta política debía ser un poco más seria", insistió.
Román consideró que lo que debió hacerse es un fortalecimiento institucional. Recordó que cuando estuvo al mando de la Judicatura, en 2024, se declaró el Conflicto Armado Interno, con lo cual se integró a más jueces del banco de elegibles.
"Sabíamos que se nos venía todo lo que estamos viendo", sostuvo.
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