La ley de Integridad Pública es una "fanesca jurídica" que rompe con la unidad de materia y podría ser observada por la CC, advierte jurista
Reformas al sistema de contratación pública y modificaciones al Código Orgánico Integral Penal son parte de la ley de Integridad Pública aprobada en la Legislatura con 84 votos.
Valentina Centeno, asambleísta por ADN, fue la encargada de presentar los puntos importantes de la normativa, entre los que se incluyen una declaratoria de emergencia a la Función Judicial para activar procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial, una evaluación anticipada a jueces y fiscales y el endurecimiento de penas de hasta 15 años para menores infractores.
En cuanto al sistema de contratación pública, se plantearon estándares de eficiencia en el servicio público de manera periódica. Además, se incluyeron modificaciones en materia de innovación y tecnología.
De última hora, se incorporaron los elementos planteados en la moción presentada por el legislador Andrés Castillo, relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno; y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, Gonzalo Muñoz, el proyecto "se deformó" a lo largo de su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico y ante el Pleno de la Asamblea, en un escenario que, dijo, podría calificarse como una "fanesca jurídica". Esto, debido a que tampoco respetó el carácter económico urgente y el principio de unidad de materia.
Los cuestionamientos, según Muñoz, surgen en las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales, señaló, podrían incurrir en que la normativa caiga en una inconstitucionalidad con potencial de ser observada por la Corte Constitucional.
Con respecto a la emergencia en el sector judicial, Muñoz alertó que esto facultaría la selección de "jueces golondrina" de carácter provisional. Esta medida, dijo, serviría para amedrentar a fiscales y jueces y para poder sacarlos de forma expedita.
"Es un ejercicio de discrecionalidad que suele convertirse en arbitrariedad", dijo.
Otro de los puntos de señalamientos se enfoca al endurecimiento de penas para adolescentes infractores. Muñoz precisó que los derechos consagrados en la Constitución deben ser tratados en leyes inferiores de manera progresiva, y no de manera regresiva. Por ello, en el fondo, se hablaría también de otra inconstitucionalidad.
Además, lamentó que en la Legislatura se hayan incluido puntos a última hora, cuando debe ser la Comisión tratante de la normativa la encargada de recoger observaciones, más no de manera directa en el Pleno.
Por ello, advirtió que la Corte Constitucional podría actuar de manera posterior y determinar, luego de una acción presentada, que la normativa aprobada en la Legislatura no se enmarque en los lineamientos de la Carta Magna.
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