La opacidad no puede seguir empañando el Concurso para Fiscal: "Si se desea legitimidad, debe hacerse público el proceso", dice Paúl Ocaña
Con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió destrabar el proceso que se estancó en la etapa de calificación de méritos.
Durante la sesión, el presidente Andrés Fantoni informó que con esto se da paso a la fase de impugnación y escrutinio público.
La consejera Nicole Bonifaz votó en contra del informe remitido por la Comisión Ciudadana de Selección, relacionado a la etapa de calificación de méritos. Según la funcionaria, el organismo no subsanó las irregularidades advertidas en el Pleno, y buscó la suspensión del concurso para Fiscal.
En NotiMundo al Día, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador e integrante de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, recordó que desde la sociedad civil se han venido levantando algunas alertas sobre irregularidades en el proceso, como la conformación de la Comisión de Selección, que no guarda relación con el cargo que se va a elegir.
Otras anomalías se han detectado en la etapa de calificación de méritos y en la reconsideración de calificaciones. No obstante, Ocaña consideró que, pese a todo lo que ha ocurrido, no existe un fundamento de fondo para declarar la nulidad del concurso o para retrotraerlo.
"Se debe seguir el concurso y llegar a la designación de la autoridad", apuntó.
Sin embargo, Ocaña precisó que, para seguir adelante, se requiere transparencia y publicidad del proceso, algo que no ha existido hasta el momento. Recordó que desde la Comisión Cívica se presentó una acción constitucional en contra del Cpccs y la Comisión de Selección, porque no se publicaban las 75 carpetas de los postulantes que estaban en principio.
"Si se desea la legitimidad que merece el cargo en cuestión, debe hacerse público todo el proceso, no como han venido haciendo", subrayó.
Para Ocaña, no existen muestras de que se esté buscando "meter la mano" en este concurso, pero así mismo reconoció que no existe la transparencia necesaria, lo cual lo deslegitima.
El jurista añadió que, de los 28 que continúan en el proceso, y de los cinco mejores puntuados, son "los mejores perfiles para el cargo".
Lo más importante y que no se está tratando, advirtió Ocaña, es conocer la política criminal que pueda tener cada uno de los participantes. "Como está nuestro país, la política criminal debe ser combatir el narcotráfico, minería ilegal, etc., pero no conocemos la política de los participantes", apuntó.
Sobre el puntaje de los postulantes, Ocaña recordó que el reglamento del concurso determina que la autoridad máxima es la Comisión de Selección y no el Cpccs. "Las calificaciones que den no pueden ser analizadas por el Pleno", apuntó.
Además, indicó que en el reglamento está especificada la calificación que tendrán, en función de las carpetas que vayan entregando. "Ahí está con claridad la calificación que debería tener cada uno de los documentos del postulante", puntualizó.
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