Consulta popular
Este 1 de noviembre, iniciará la campaña para impulsar el "SÍ" y el "NO" en la consulta popular y referendo, mientras el Gobierno apunta a la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ratificó su respaldo al proceso electoral que se llevará a cabo el 16 de noviembre, pero cuestionó el contenido planteado por el Gobierno. Algo que, a su criterio, no solventará la crítica situación de la salud, educación y generación de empleo.
"Una Constituyente puede refundar para bien una República en lo social, económico y político, pero también puede refundir una República", dijo.
Para Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una Constituyente supone siempre un escenario de riesgo, pero consideró que esta ocasión en particular podría ser distinta. A su criterio, el 16 de noviembre, el país tendría la oportunidad de "desmantelar la Constitución socialista del siglo XXI".
Dejar atrás la Carta Magna de Montecristi, dijo, debe considerar varios puntos. Entre ellos, eliminar el principio del buen vivir y el 'candado' que rige sobre sectores estratégicos y la participación del sector privado, haciendo referencia al sector petrolero y eléctrico.
Según Andrade, una de las falencias de la actual Constitución es la atribución al Estado de gran parte de los procesos que, sumado a la falta de recursos, reduce considerablemente la eficiencia. Dichos recursos, señaló, podrían centrarse en seguridad, que es uno de los principales problemas que enfrenta el país.
Por otro lado, alertó que los riesgos de llamar a una Constituyente del ámbito del presidente Noboa es que se redacte una Carta Magna "a la medida" de sus intereses y con escasez de pesos y contrapesos. A esto, se suma la posibilidad de que la Corte Constitucional se convierta en un actor que no ejerza controles al Ejecutivo, lo que terminaría de posicionar una figura enaltecida del jefe de Estado.
"En la práctica tendríamos al presidente con el poder Ejecutivo, a una Asamblea sumisa y una Corte Constitucional funcional a sus intereses", advirtió.
Andrade insistió en que, si bien esta puede ser una de las posibilidades, el punto de redactar una nueva Carta Magna es "desideologizar" el texto constitucional que, eventualmente, rija en el país.
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