Ley de Extradición se ajusta a las necesidades de Ecuador, pero preocupan posibles retaliaciones del crimen organizado, sostiene experto
Según el Legislativo, se busca modernizar la normativa ecuatoriana, incorporar definiciones técnicas sobre los procesos de extradición activa y pasiva, definir el rol de la justicia y la diplomacia en esta materia, y reducir la discrecionalidad en sus actuaciones.
Para la oficialista Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del informe aprobado en segundo debate, la nueva ley "es una respuesta para contrarrestar la actuación de las mafias y el crimen organizado en Ecuador".
"Hemos construido una ley sólida y eficiente", destacó la asambleísta de ADN.
En NotiMundo al Día, Patricio Haro, académico y experto en seguridad, recordó que el proyecto nació tras la consulta popular de 2024, donde la mayoría de ciudadanos aprobó la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países.
Además, destacó la sintonía entre los 139 de los 140 legisladores que aprobaron la Ley, cuando todos los ojos de la sociedad están puestos en las organizaciones políticas ecuatorianas, de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
En cuanto a la Ley, Haro explicó que se adaptan los plazos y condiciones para que mejoren los procesos, en beneficio de la seguridad nacional.
"La extradición es una medida disuasiva", apuntó.
Haro recordó que en la década de 1980, en Colombia surgió una organización narcoterrorista denominada "Los Extraditables", comandada por el capo Pablo Escobar, que a través de actos de violencia buscaba evitar la extradición de colombianos a territorio estadounidense.
"Eso también podría ser una consecuencia (en Ecuador) de la aprobación de esta Ley, porque los delincuentes le tienen terror a la extradición, especialmente a Estados Unidos", alertó.
Esto debido a que en el extranjero los delincuentes ecuatorianos no pueden controlar la justicia ni los centros penitenciarios, y están sujetos a condiciones muy estrictas, acotó Haro.
Con la aprobación de la Ley, el proceso de que antes podía tomar varios años, ahora se lo podrá hacer en 45 días, tanto para la extradición activa (cuando Ecuador solicita a otros países la entrega de una persona procesada por la justicia) como para la pasiva (cuando otro país solicita a la justicia ecuatoriana el traslado de una persona procesada por distintos delitos).
La creación de una unidad técnica especializada en temas de extradición, por parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es una de las disposiciones de la normativa aprobada, algo que para Haro es positivo, pues se mejorarán las condiciones para la extradición y con ello los niveles de seguridad en el país.
"La ley se ajusta a las necesidades del país", puntualizó.
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