Llamar una Constituyente sería "riesgoso"; debería usarse como el último peldaño para modificar la Carta Magna, coinciden juristas
Llamar a una Constituyente implica de tres procesos electorales que, según el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, Arturo Moscoso, serán largos y agotarán rápidamente el capital político del presidente Daniel Noboa.
El primero, será llamar a la ciudadanía a decidir si está de acuerdo o no con convocar una Asamblea Constituyente. Una vez superada esta etapa, se elegirán a los integrantes del organismo en votación popular y, finalmente, se deberá decidir la elección del nuevo texto constitucional redactado por la Asamblea Constituyente.
Para Moscoso, optar por esta vía sería "riesgoso", al considerar que, en caso de perder, el Gobierno bajará en su popularidad y se desgastará producto de una oposición que, pese a no ganar las elecciones, se mantendrá férrea a la propuesta del Ejecutivo.
Incluso, dijo, no conseguir la viabilidad del nuevo texto constitucional podría representar una derrota para el Mandatario.
"El riesgo que se corre es demasiado alto (...) Hay mecanismos que nos permitirían al Ejecutivo reformar estos temas sin adentrarse en un camino tan riesgoso y en resultado que no está garantizado", dijo.
De acuerdo con el abogado constitucionalista, Xavier Palacios, el presidente Daniel Noboa deberá evaluar los puntos imprescindibles a modificarse de la Constitución y las vías que ocupará para hacerlo. Esto, considerando que la Asamblea Constituyente no será el mejor camino para reformar la Carta Magna.
"Hay modificaciones necesarias. Debe tomar la Asamblea Constituyente como el último peldaño en caso de que los otros caminos no resulten suficientes", sostuvo.
Con respecto a los otros caminos a los que hace referencia Palacios, están la enmienda constitucional y la reforma parcial a la Constitución que, dijo, serían más viables para evitar un desgaste político del Gobierno y aprovechar al mismo tiempo el envío propio de los gobernantes cuando ganan la elección.
¿Cuáles serían los posibles cambios?
Una de las instituciones más cuestionadas desde su creación es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La entidad, que surgió como una propuesta para designar autoridades de manera apartidista, se ha visto envuelta en casos de corrupción e inclinaciones políticas para cooptar las instituciones de control del Estado.
Para Moscoso, una de las modificaciones que podría realizar el Primer Mandatario sería la eliminación del CPCCS y la devolución de las competencias para designar autoridades a la Asamblea Nacional. Incluso, dijo, podría hablarse de las funciones del Consejo de la Judicatura para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Sin embargo, insistió en que, en caso de que el Gobierno pretenda efectuar cambios a la Constitución, una enmienda, reforma o incluso consulta popular, serían los caminos más adecuados, en lugar de la Asamblea Constituyente.
"Si la discusión se agota en suprimir el CPCCS, la Asamblea Constituyente será estéril", fue el criterio del abogado constitucionalista, Xavier Palacios, al considerar que el Gobierno podría viabilizar los cambios que aspira mediante acuerdos legislativos y mayorías en la Asamblea Nacional.
No obstante, precisó que, si la intención del presidente Daniel Noboa es cambiar el sistema económico, modificar la participación de privados en sectores estratégicos y otras reformas más profundas de la Carta Magna, el llamado a la Constituyente "no debería esperar más tiempo".
Incluso, recordó que, eliminar la prohibición del arbitraje internacional que no fue aprobada en la consulta popular, tampoco requiere de una Constituyente que podría poner en riesgo el capital político del Gobierno.
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