Pedro Donoso: "La justicia es uno de los grandes electores" en Ecuador
La Fiscalía General del Estado difundió nuevos detalles del Caso Laberinto, donde se investiga un presunto delito de lavado de activos en recursos de origen ilícito utilizados para financiar la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz, candidatos de la Revolución Ciudadana, en 2023.
En la causa se busca determinar el origen de USD 500.000 usados en publicidad electoral.
Según la Fiscalía, entre los documentos del caso consta una proforma por USD 5.600 para imprimir cuestionarios, en cuyo campo de nombre o razón social aparece la referencia "RC5".
El documento forma parte de los elementos analizados para establecer vínculos entre la cotización, el entorno empresarial presuntamente relacionado con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y un eventual desembolso destinado a esa adquisición.
Los nuevos datos ofrecidos por el Ministerio Público salieron a la luz luego de cuestionamientos hechos a la función Ejecutiva y la presunta falta de independencia de los poderes del Estado, pues anteriormente fue el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien, a través de un video, explicó a detalle el caso, antes de la propia Fiscalía.
Desde la noche del viernes, González cumple prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones. Santiago Díaz, exjefe de campaña del correísmo y quien ya enfretna una pena por violación, y Wendy Onofre, exdirigente del movimiento RETO, también recibieron la medida que pesa contra González.
En NotiMundo al Día, Pedro Donoso, director general de Icare y analista político, señaló que la justicia es "uno de los grandes electores", por lo menos, desde hace 15 años.
Recordó que en su momento, la exfiscal general Diana Salazar, designada como embajadora en Argentina durante el gobierno de Daniel Noboa, invitó a su par de Colombia durante un proceso electoral para intercambiar información sobre un supuesto financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Andrés Arauz.
"Para hacer un análisis político y electoral, sí hay que tomarla como uno de los principales electores, no solo a la justicia ordinaria, sino a la justicia electoral", precisó Donoso.
Su argumento se basa, entre otras cosas, a acciones de los organismos de control en esta área, como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el cual dejó fuera de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, una de las autoridades mejor valoradas en el país.
Este patrón se repitió en varias ocasiones, lo que derivó en que, de las capitales más importantes de las provincias del Ecuador, que reúnen al 70% del electorado, el único que se mantiene, "por lo pronto", es el quiteño Pabel Muñoz.
"Es inconcebible que en un país uno no tenga que proyectar quién va a ganar, sino quién va a estar en la papeleta", cuestionó.
Para el analista, también generan sospechas algunas acciones de la Asamblea Nacional, controlada por ADN, que a un mes de los comicios seccionales ha priorizado en su agenda la fiscalización al Municipio capitalino, pese a que no está dentro de sus competencias.
Donoso lamentó que Ecuador siga siendo "el país del quién y no del qué", frente al procesamiento de actores políticos y no de conductas que van en contra de la ley.
Las sospechas de esta suerte de complicidad entre los órganos electorales y el Gobierno se incrementan con actuaciones como las de Neira, quien explicó a detalle el presunto caso de lavado de activos contra Luisa González, y no la Fiscalía, encargada del tema.
"Un hecho político no solo se debe analizar en el durante, sino en el antes y el después; la Fiscalía está en un proceso de selección de su autoridad, y el concursante principal es el actual fiscal en funciones", alertó.
Para Donoso, si bien el proceso electoral está en marcha, hay otros hechos que ocurren a la par y que tienen conexión entre sí.
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