Una "delgada línea" separa a abogados que colaboran con el crimen organizado, y quienes cumplen con una defensa jurídica, según Paúl Ocaña
Sanciones contra abogados que, de manera deliberada, estén vinculados a organizaciones criminales es uno de los ejes de la Ley Antimafias que se tramita en la Asamblea Nacional.
Más allá del "populismo penal" que reviste el aumento de penas de la normativa impulsada por el oficialismo, el presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, consideró que existe un punto interesante en debate, pero que debe ser manejado con rigurosidad: la sanción a juristas.
Desde el 2021, recordó, existe una reforma que señala que quienes presten asesoría jurídica y técnica, serán colaboradores de una estructura criminal. Este acápite fue demandado por inconstitucionalidad desde el Colegio de Abogados y, hasta el momento, no existe una resolución de la Corte Constitucional.
De acuerdo con Ocaña, plantear sanciones contra abogados en el marco del combate al crimen organizado se sostiene en una "línea delgada" acerca de la asesoría jurídica. Desde el punto de vista legal, dijo, debería especificarse si existe un financiamiento directo a la estructura criminal, o una participación de defensa profesional.
La diferencia, explicó Ocaña, está en el giro de negocio al que brinde asesoría un abogado. En el caso de una empresa, que pida ayuda jurídica para evitar el cometimiento de un delito, dijo, no existiría riesgo alguno ni motivo para ser vinculado. Al contrario, enfatizó, si se plantea una propuesta para evadir los controles del Estado, se podría hablar de una participación.
"He ahí la diferencia sobre la licitud o ilicitud del negocio que se consulta", insistió.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa