Fiscalización
Con varios incidentes y cruces de acusaciones, así culminó el primer día de la actuación de pruebas dentro del juicio político a Mario Godoy en la Comisión de Fiscalización. Las tensiones iniciaron cuando el presidente del Consejo de la Judicatura pidió que, al no incorporarse una prueba recientemente presentada, su comparecencia se suspenda, y que su abogado sea también habilitado para ejercer la defensa a lo largo del proceso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dio paso a que Stalin Raza, abogado de Godoy, participe durante la actuación de las pruebas documentales. Además, recordó que esta no sería la primera vez que la mesa legislativa permite la intervención una defensa particular.
Esta acción fue cuestionada por Viviana Veloz, una de las interpelantes, quien insistió en que dentro de un juicio político no cabe la figura de una defensa legal. Frente a esto, la asambleísta acusó al bloque de ADN de intentar encubrir a Mario Godoy y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
A Godoy, el correísmo lo señala por tres causales: las denuncias de presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, el denominado caso Pendrive y un supuesto conflicto de intereses de su esposa, como socia de un estudio jurídico que ejerció el patrocinio de personas vinculadas al narcotráfico. Sobre esta última acusación, la asambleísta Veloz señaló que existirían documentos legales que prueban como Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, ejerció la defensa de Jezdimir Srdan, el narcotraficante serbio procesado en el caso Euro 2024.
Otra de las acusaciones a Godoy se centran en su relación con Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha, y quien habría presionado al juez Carlos Serrano para fallar a favor del narcotraficante Srdan. Estos hechos, según el asambleísta Raúl Chávez, evidencian una vulneración al principio de independencia judicial.
Una reacción de Godoy que genera "ruido"
Para la abogada penalista, Marcela Estrella, existen indicios que habilitan una censura política de Mario Godoy, que deben ser valorados en el marco del debido proceso y en igualdad de condiciones. Señaló que las acusaciones como conflictos de interés, interferencia en la independencia judicial y vínculos con el crimen organizado serían razones suficientes para un enjuiciamiento político.
"No puede ser posible que el presidente de la Judicatura se vea señalado por tener relacionamientos con el crimen organizado. Tiene que censurarse a Godoy", cuestionó.
Desde que iniciaron las acusaciones en su contra, Godoy evitó referirse a su relación con Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura y Roger Tumalli, exdirector de Asesoría Jurídica, todos vinculados a irregularidades y que apuntarían a supuestas órdenes de las altas esferas de la institución.
Esta actitud de Godoy, dijo, resulta "llamativa" y genera cierto "ruido", por cuando no existe una respuesta clara más allá de deslindarse de responsabilidades. Pese a esto, insistió, el presidente del Consejo de la Judicatura perdió ya toda legitimidad para ejercer el cargo.
Para Estrella, Godoy estaría sostenido en sus funciones bajo un principio de "compadrazgo" de parte del resto de vocales del Pleno de la Judicatura, quienes no han cuestionado su figura desde el inicio de los señalamientos.
Consideró que, más allá del proceso político seguido en su contra, debe ser una tarea de la ciudadanía permanecer vigilantes en torno al rol que desempeñará la Fiscalía. Esta institución, debería advertir la posibilidad de abrir investigaciones penales en torno a las acusaciones que envuelven a Godoy y su círculo en la Judicatura.
"Ya en esta dinámica, hay alerta de una modalidad clara. Hay hechos probablemente asociables a delitos", dijo.
Con respecto a la sustanciación del juicio político a Godoy, Estrella consideró que debería ser él quien se defienda de las acusaciones en la Comisión de Fiscalización. Esto, debido a que la mesa legislativa habilitó a su abogado para intervenir a lo largo del proceso.
A su criterio, el jurista deberá únicamente orientar, objetar y sugerir el seguimiento del debido proceso, pero no podrá reemplazar a Godoy en su rendición de cuentas.
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