Fiscalización
La Comisión de Fiscalización arrancó el trámite del juicio político presentado contra el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán. Kevin Gallardo, del oficialismo, lo acusa al funcionario por presuntamente incurrir en la prohibición de pertenecer a una organización política en los cinco años previos a su designación.
"Como una participación de 10 a 0", así calificó Gonzalo Albán a sus argumentos presentados contra la interpelación del legislador Gallardo. Consideró que el sustento del accionante del juicio político cayó en incoherencias, las cuales, dijo, fueron desmontadas por su defensa.
A su criterio, Gallardo no pudo explicar la función que incumplió dentro de la acusación. Esto debido a que habría sido señalado por una acción previa a su posesión como consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Además, señaló, se pretende ir en contra de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para la cual la Asamblea no sería competente.
Con este precedente, advirtió, podría abrirse a puerta a una persecución política y una fiscalización férrea a ministros o incluso al Presidente de la República.
"Se estaría juzgando por incumplimiento de funciones a ciudadanos y no servidores", dijo.
Pero las reacciones desde el CPCCS al juicio político contra Albán han sido nulas. No ha recibido muestras de respaldo o pronunciamientos al respecto, algo que, según el consejero, le hace presumir que es "molesto" para el funcionamiento del Consejo.
Procesos pendientes en el CPCCS
Uno de los procesos que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana es la renovación del Consejo de la Judicatura. Allí, el Pleno archivó todas las impugnaciones presentadas en contra de los postulantes. Sin embargo, existen discrepancias en torno a esta decisión.
El consejero Albán consideró que la Comisión Técnica encargada de conocer las objeciones "se extralimitó" en sus funciones al recomendar el archivo de todos los recursos. Indicó que, algunas de ellas debieron ser conocidas por el Pleno del CPCCS, no obstante, la resolución final fue desechar todas ellas.
Adelantó que, con esto, resta conocer los planes de gestión de los postulantes y la elección de los nuevos vocales estaría lista para finales de septiembre.
"No sé si el objetivo del juicio político sea sacarme antes de que se resuelva el tema de las vocalías del Consejo de la Judicatura. Puede ser, es una suposición", consideró.
Con respecto a la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, aún continúa la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. El Consejo solicitó a distintas instituciones información acerca de los aspirantes, quienes en algunos casos no presentaron la documentación completa.
Una vez integrada la Comisión, por parte de cinco representantes de los poderes del Estado y cinco de la sociedad civil, arrancará el proceso.
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