Minería ilegal
En NotiMundo al Día, Leonardo Cerda, activista y defensor de la nacionalidad Kichwa, lamentó que desde 2020, específicamente la provincia de Napo, se haya convertido en una de las zonas más conflictivas a causa de esta actividad, por la incidencia de empresas con licencias ambientales irregulares y que, por no cumplir con los requisitos que exige la ley, se relacionan con mineros ilegales.
Además de la violencia, existe contaminación ambiental. Los ríos Huambuno, Punino y Zapallo están declarados como muertos, debido a la alta presencia de mercurio y más metales pesados, que no solo afectan a la vida marina y la vegetación, sino a las comunidades que se abastecen de agua en estos afluentes.
Las actividades mineras también utilizan gran cantidad de agua y se realizan en zonas de recarga hídrica, algo que está prohibido por la Ley, cuestionó Cerda. "Se estima que más de 4.000 hectáreas están destruidas en la Amazonía por estas actividades", apuntó.
"De esa agua toman niños y madres; hemos detectado más de 60 incidentes, del 2023 al 2025, y pedimos al Estado que se haga una moratoria minera", apuntó.
Lamentó, además, el asesinato de 11 militares en Alto Punino, provincia de Orellana, que, según dijo, demuestra el abandono del Estado en ciertas zonas, lo que ha sido aprovechado por grupos criminales que operan en distintos sectores donde carece el control de las fuerzas del orden.
Según Cerda, se estima que solo en Napo se extraen ilegalmente hasta USD 12 millones en oro cada día, lo que representa lo lucrativo de la minería ilegal y su poder para financiar otras actividades ilegales, como el narcotráfico.
Su pedido, dijo, es que se declare la emergencia ambiental en Napo, se refuerce la presencia de la fuerza pública y se revoquen las concesiones mineras existentes.
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